El presidente la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), Rogelio Plascencia Barreto, denunció a opositores a la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) ante la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) por el delito de amenazas, según se lee en el citatorio emitido por el Centro de Justicia Alternativa con el número de expediente CJA/CT/0403/2020-12 y la carpeta de investigación CT-UEDD/6503/2020.
De acuerdo con Juan Carlos Flores Solís, representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), algunas de las personas señaladas en el citatorio se enteraron sobre la existencia de dicho proceso hasta el pasado 24 de febrero, cuando la comisión de ejidatarios que se mantienen en plantón en las oficinas de Asurco sostuvieron un diálogo con el presidente de la asociación. La lista de señalados incluye al abogado, pero también a Antonia Nava, María Félix Aragón, Teresa Castellano (sic), Aída Galicia, e incluso al nieto de Emiliano Zapata Salazar, Jorge Zapata González, que se ha expresado abiertamente contra la operación de la termoeléctrica.
“El Centro de Justicia Alternativa le hace de su conocimiento que con fecha 07 del mes de diciembre del año dos mil veinte, fue remitido para su atención y seguimiento el conflicto relativo al expediente al rubro citado iniciado por la posible comisión del delito de AMENAZAS, conflicto que puede ser susceptible de resolverse mediante la aplicación de algún Método Alterno de solución”, se lee en el documento.
Aunque el citatorio establece que “en caso de incomparecencia sin causa justificada se informará al Ministerio Público de dicha situación”, Flores Solís reconoce que las personas mencionadas en la lista con las que él tiene contacto no acudieron a la cita, debido en parte a la premura con la que se enteraron del proceso. Pero además considera que el citatorio se presentó en condiciones atípicas, pues “la misma ley de medios alternativos menciona que debe ser en el domicilio de la persona señalada como responsable, y ahí (en el plantón) no vive ninguna de las personas que se menciona”.
El abogado del FPDTA-MPT consideró el proceso iniciado por el presidente de Asurco como “un acto de criminalización que está buscando en contubernio con las autoridades para mermar o intimidar la resistencia que se está dando por la defensa del agua, para que no se vaya a la termoeléctrica”. Finalmente, afirmó que las personas citadas no han coincidido en su totalidad con Plascencia Barreto en un mismo lugar.
