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Protege autonomía a Vera Jiménez

  • Mónica González
  • en Local

Abogados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aseguraron que los diputados locales no tienen ninguna facultad para llamar a comparecer al rector de esta institución, por ser la universidad una instancia autónoma.

Para ello, citaron la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al artículo tercero constitucional donde establece en su apartado VII que las universidades y las demás instituciones de educación superior, a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; cumplirán con sus fines que son educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas.

La autonomía universitaria cuenta con rasgos propios y específicos, distintos a los que corresponden a la autonomía referida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 27 fracción XIX, párrafo segundo; 28 párrafo sexto; 41, fracción V; 79 párrafo primero; 102 apartado B párrafo cuarto; 116 fracción V; y 122 apartado C, base quinta, se otorga a órganos diversos como son los Tribunales Agrarios, el Banco de México, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales de lo Contencioso Administrativos.

Por cuanto al origen de la autonomía universitaria, en el artículo 3º constitucional fracción VII, se señala con precisión que ésta se encuentra conferida en la ley, es decir emana de un acto formal y materialmente legislativo.

La autonomía de la que están dotadas las universidades públicas confiere a éstas atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas, establecer sus órganos de gobierno y determinar su estructura orgánica.

Asimismo, en la carta Magna se precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas estén facultadas para determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso y promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio, en tanto que no puede ninguna autoridad de gobierno externa intervenir en los asuntos de la institución universitaria.

Los abogados lamentaron la ignorancia de los legisladores locales, a quienes llamaron a conocer los preceptos legales sobre la autonomía de la universidad.

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