Luego de que los Juzgados Primero y Cuarto de Distrito, con sede en Puebla, desecharan los amparos promovidos por habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra la consulta de la termoeléctrica de Huexca, que se realizó los pasados 23 y 24 de febrero, el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se han pronunciado a favor de los pobladores, criticando las resoluciones previas de los jueces.
Se trata las quejas 62/2019 y 55/2019, interpuestas por ciudadanos de cuatro comunidades Morelos así como de los estados de Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con el Segundo Tribunal Colegiado, el Juez de Distrito no debió desechar el amparo de los pobladores que se opusieron a la consulta por no haber sido tomados en cuenta como pueblo indígena para la instalación del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que atraviesa los tres estados. "El Juez de Distrito no debió desechar la demanda", sentenció el tribunal.
Inicialmente, el Juzgado Primero desechó el amparo 199/2019 al desestimar el valor jurídico de la consulta, "ya que de sólo servir de sustento moral y no ser invocada como fundamento, tampoco genera agravio alguno al interés legítimo que como integrantes de las comunidades indígenas pretenden hacer prevalecer". Además, calificó como "simple" el interés de los quejosos, "al no ser distinto al que tiene el resto de la población mexicana, y no susceptible de legitimar la acción de amparo".
Ahora las cosas han cambiado. De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado, al desechar el amparo no se mencionaron, y mucho menos valoraron las pruebas que ofrecieron los habitantes (constancias de residencia, actas de asamblea y firmas recolectadas contra el gasoducto).
La citada consulta y su resultado, sí crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en relación a los derechos de los quejosos, concluyó el Primer Tribunal.
Para Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el que los dos tribunales consideren procedentes las quejas reabre el proceso legal con el que los habitantes de los tres estados buscan hacer valer sus derechos como comunidades indígenas.
