/ martes 7 de enero de 2020

Revisará el TSJ la mayoría en el Legislativo

Mientras no haya resolución, seguirán trabajando con 13 sufragios para la aprobación de leyes y decretos

Tras aceptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la acción de inconstitucionalidad a las diputadas del Frente Progresista de Mujeres, legisladores opositores al bloque se manifestaron respetuosos de la decisión del Alto Tribunal aunque defendieron toda acción realizada con el fin de avanzar en la agenda legislativa.

El 27 de noviembre y bajo el argumento de evitar la parálisis legislativa, el Congreso del Estado aprobó una reforma a su reglamento que permite 13 votos como mayoría calificada en lugar de 14.

Sin embargo, las siete diputadas del Frente Progresista promovieron una controversia ante el Máximo Tribunal del país, el cual el pasado 31 de diciembre fue admitido aunque seguirá en espera de ser resuelto para obtener la suspensión definitiva, mientras tanto los legisladores podrán seguir trabajando con 13 sufragios para la aprobación de leyes y decretos.

Al respecto, la diputada Rosalina Mazari Espín indicó que el Poder Legislativo tiene el poder y facultad de decidir a su interior, tomando decisiones siempre a favor de la ciudadanía, “la SCJN es respetuoso a través de la libertad configurativa para que todos los diputados puedan dar resultados y de cara a la sociedad tuvimos la necesidad de reformar el reglamento al ser la única forma de aprobar iniciativas de leyes”.

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Cabe recordar que a principios de diciembre el Poder Judicial interpuso la controversia constitucional 354/2019 en contra del Poder Legislativo por la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Previo a la discusión del tema en la sesión del 27 de noviembre, las siete diputadas del Frente Progresista de Mujeres advirtieron el grupo oficialista que apoya al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo violaría la Constitución Política del Estado al desear 12 diputados modificar en la sesión las dos terceras partes anteponiendo los deseos del Poder Ejecutivo.

Por este hecho, las legisladoras Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, Naida Josefina Díaz Roca, del Partido del Trabajo (PT); Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza; Keila Celene Figueroa Evaristo, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Maricela Jiménez Armendáriz, de Movimiento Ciudadano; y Rosalinda Rodriguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron su intención de enviar una carta pública al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de gobernación, senadores y diputados federales, pidiéndoles puedan detener este tipo de acciones que serán un precedente en Morelos del trabajo ilegal en un Congreso Estatal.


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El 27 de noviembre y bajo el argumento de evitar la parálisis legislativa, el Congreso del Estado aprobó una reforma a su reglamento que permite 13 votos como mayoría calificada en lugar de 14.

Sin embargo, las siete diputadas del Frente Progresista promovieron una controversia ante el Máximo Tribunal del país, el cual el pasado 31 de diciembre fue admitido aunque seguirá en espera de ser resuelto para obtener la suspensión definitiva, mientras tanto los legisladores podrán seguir trabajando con 13 sufragios para la aprobación de leyes y decretos.

Al respecto, la diputada Rosalina Mazari Espín indicó que el Poder Legislativo tiene el poder y facultad de decidir a su interior, tomando decisiones siempre a favor de la ciudadanía, “la SCJN es respetuoso a través de la libertad configurativa para que todos los diputados puedan dar resultados y de cara a la sociedad tuvimos la necesidad de reformar el reglamento al ser la única forma de aprobar iniciativas de leyes”.

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Previo a la discusión del tema en la sesión del 27 de noviembre, las siete diputadas del Frente Progresista de Mujeres advirtieron el grupo oficialista que apoya al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo violaría la Constitución Política del Estado al desear 12 diputados modificar en la sesión las dos terceras partes anteponiendo los deseos del Poder Ejecutivo.

Por este hecho, las legisladoras Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, Naida Josefina Díaz Roca, del Partido del Trabajo (PT); Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza; Keila Celene Figueroa Evaristo, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Maricela Jiménez Armendáriz, de Movimiento Ciudadano; y Rosalinda Rodriguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron su intención de enviar una carta pública al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de gobernación, senadores y diputados federales, pidiéndoles puedan detener este tipo de acciones que serán un precedente en Morelos del trabajo ilegal en un Congreso Estatal.


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