Luego de varios días de discusiones en torno a la permanencia o remoción de los fiscales General, Urial Carmona Gándara, y Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la situación comenzó a estorbar los trabajos de la mesa de coordinación entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad pública, enfrentó a diputados y causó la baja del Fiscal Especial en Delitos Electorales, Jesús Saúl Meza Tello.
Desde muy temprano, el delegado de programas sociales de bienestar del gobierno federal, Hugo Eric Flores Cervantes había reconocido que si bien el futuro del fiscal no es de su competencia, sí les preocupa la situación que mantiene a Carmona Gándara lejos de las mesas de seguridad y, por ejemplo, es imposible la coordinación para crear un ministerio público especializado en robo de autos.
En paralelo a unas cuadras de Palacio de Gobierno, donde se celebró la mesa de seguridad a la que no asistió el Fiscal, abogados abogados solicitaron a los diputados de la LIV legislatura, agilizar la destitución de los fiscales tanto el general y anticorrupción que además de no cumplir con los requisitos legales para continuar en el cargo, no han dado resultados en cuanto a la función que desempeñan; solicitaron que para una eventual designación sean tomados en cuenta los miembros de los colegios. A nombre de los abogados, Alfonso Mejía, dio lectura a un comunicado donde planteó que Uriel Carmona al igual que Juan Salazar Núñez no han cumplido con la aplicación y evaluación de control y confianza.
Un poco más tarde, y a unas calles, en el Congreso del Estado, la Junta Política y de Gobierno en la LIV Legislatura acordaron llamarlos a comparecer este jueves por la tarde dándoles su derecho de audiencia. Durante la sesión, las coordinadoras de las diferentes fuerzas políticas votaron a favor de la comparecencia exigiéndole a la presidenta de este órgano de control, Tania Valentina Rodríguez Ruiz que posterior a la presentación de los fiscales puedan reanudar la votación para decidir la destitución, puesto que realizarlao previo a este derecho sería violentar la ley.
Luego de ser citado a comparecer, Uriel Carmona emitió un comunicado en que destacó que de acuerdo con la Constitución Política del estado, el Fiscal General no podrá ser removido a solicitud del gobernador sin una causa grave fundada que establezca la ley y por otra parte recalcó que dentro de estas causales no se contempla la falta de evaluaciones de certificación y control de confianza.
"El artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el Fiscal General solo podrá ser removido mediante la solicitud del Gobernador del Estado, fundada en causa grave que establezca la Ley. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su artículo 81, señala que las causas graves para la remoción de los fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales, son las que establecen los artículos de 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Las causales por las que puede ser destituido el fiscal son once: Cohecho, Peculado, Desvío de recursos públicos, Utilización indebida de información, Abuso de funciones, Actuación bajo conflicto de interés, Contratación indebida, Enriquecimiento oculto, Encubrimiento, Desacato, y Obstrucción de la justicia.
Agrega el Fiscal en su comunicado que "Derivado de lo anterior, y de la simple lectura de las causas graves establecidas en la normativa aplicable, se desprende que el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza, no está contemplado en dichas causales, por lo que, tanto la solicitud del Gobernador del Estado, así como cualquier determinación del Congreso del Estado, devienen inconstitucionales". Y llamó al Ejecutivo local, y al Congreso del Estado que secundar el procedimiento de remoción, a conducirse con apego a la legalidad y a trabajar de manera coordinada en beneficio de los morelenses.
Ante la inasistencia del fiscal general, Uriel Carmona Gándara y el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez a la comparecencia citada en el Congreso del Estado por no haberlos notificado personalmente, ya que se informó no habían podido encontrarlos.
Tras un largo enfrentamiento entre las integrantes de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) sin llegar a un acuerdo será turnada la remoción al Pleno para posteriormente entregarla a las Comisiones de Derechos Humanos y Gobernación y Gran Jurado para su continuidad.
