En un diagnóstico sobre las repercusiones del sismo del pasado 19 de septiembre las organizaciones no gubernamentales consideraron que no hay avances sustanciales y existe una violación a los derechos humanos de los afectados.

La vocera de la CIDHEM, Juliana Quintanilla, consideró necesario que antes de concluir la administración estatal deberá rendir cuentas no sólo de los recursos sino del abandono en que dejaron a los ciudadanos afectados.