El Congreso local manifestó su intención de entregar toda la información que la Fiscalía Anticorrupción le requiera para combatir por la vía jurídica las jubilaciones doradas que la LIII legislatura aprobó a colaboradores cercanos e incluso familiares.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, confirmó que durante el reciente encuentro que sostuvo con el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, el compromiso asumido es “darle salida” a todas las denuncias que haya, específicamente sobre ese tema.
“A decir del Fiscal, en la otra legislatura no hubo esa disposición de entregar toda la información que se solicitaba”, agregó.
Puntualizó que la decisión de la LV legislatura es colaborar en todo lo que le solicite la Fiscalía Anticorrupción, “para que todos esos temas que son de preocupación de la ciudadanía se atiendan”.
Al final del ejercicio constitucional de la LIII, en la que el PRD era mayoría, diputados aprobaron un cúmulo de jubilaciones que por el alto monto fueron conocidas como jubilaciones doradas, y los beneficiarios fueron colaboradores cercanos de los legisladores e inclusive sus familiares.
A su llegada, la LIV legislatura derogó las jubilaciones al sostener que hubo diversas irregularidades como el no poder acreditar el tiempo de antigüedad laboral que exige la Ley del Servicio Civil del Estado, y de manera paralela, procedió a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigaran los hechos.
Sin embargo, los “afectados” recurrieron al juicio de amparo al acreditar que no se les otorgó el derecho de audiencia y si bien pudieron recuperar sus jubilaciones, tienen que enfrentarse ante la Fiscalía Anticorrupción que debe acreditarles los delitos de fraude procesal y/o los que se deriven.
De la escasa información que ha ofrecido el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, lo único que sí aseguró recientemente en entrevista, es que no quedará impune ninguna “pensión dorada”.
Precisó que si bien han tenido éxito en seguir recibiendo el pago de esas pensiones, de la responsabilidad penal no podrán escapar, ya que son actos jurídicos independientes.