Ante la flagrante y permanente violación de los ayuntamientos a la Ley de Coordinación Fiscal, que preecisamente impide a los municipios realizar ciertos cobros por revisiones y servicios a los comerciantes y prestadores de servicios, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) han tenido que negociar para que les cobren lo menos posible, pues están indefensos ante tal ilegalidad, expuso el secretario general de este organismo, José Salgado Patiño.
Citó como ejemplo las visitas de inspección que realiza el personal de Protección Civil a fondas, cocinas económicas y tortillerías para revisar instalaciones de gas y eléctricas principalmente que con todo y que se gestiona el cobro más bajo y que se les cobra en UMAS (Unidad de Medidas de Actualización) tienen que pagar por estas revisiones un poco más de 3 mil pesos.
Pero Salgado Patiño recalcó que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal emitida y aprobada por el entonces presidente de la República, José López Portillo en el sexenio de 1976 a 1982, los Ayuntamientos tienen prohibido hacer estos cobros, porque reciben una participación proporcional de los impuestos que cobra Hacienda federal para atender sus necesidades.
A pesar de que esta ley se aprobó en dicho sexenio y que en Morelos la entidad se adhirió a ella al firmar el respectivo convenio el entonces gobernador Antonio Riva Palacio López-1988-1994- a la fecha se viola flagrantemente por los alcaldes, solapados por los diputados, quienes les aprueban sin revisar las respectivas leyes de ingresos y egresos que presentan cada año.
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