El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la aplicación del llamado “Plan B” electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sesión de este jueves, los comisionados acordaron por unanimidad presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tan sólo un día de que Francisco Javier Acuña Llamas deje el organismo y se vean imposibilitados de sesionar.
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Lo anterior, por considerar que el decreto aprobado en el Senado el mes pasado “podría vulnerar los derechos humanos que este órgano garante tutela”.
De manera destacada, explicó Gonzalo Sánchez de Tagle, director general Jurídico del INAI, “el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”.
En concreto, los comisionados acusan que el artículo 28 Ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite que la información personal de los civiles en poder del Instituto Nacional Electora (INE) pueda ser consultada por los entes públicos y partidos públicos, incluso la clasificada como reservada y confidencial, con el pretexto de integrar el sistema nacional electoral.
También buscan detener la aplicación del artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual permite que una persona que haya sido afiliada sin su conocimiento a un instituto pueda solicitar la cancelación sin su registro sin que esto amerite alguna sanción, lo que, señalan, es contrario a la ley debido al uso indebido de datos personales.
Controvierten, además, otros dos artículos que, desde su punto de vista, vulneran la protección de datos personales y ponen en riesgo la integración del padrón electoral.
“Es menester presentar esta acción de inconstitucionalidad contra la reforma a diversos ordenamientos legales, conocida como Plan B, porque podría vulnerar la protección de datos personales de la sociedad mexicana (…). Sera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien delibere sobre los alcances de dichas consideraciones y seremos respetuosos de los procesos y de la resolución de nuestro máximo tribunal.
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“Confiamos que en su trabajo colegiado, plural y experto, podrán identificar los puntos de tensión y podrá ponderar las posibles amenazas que dicha reforma supone para la protección de los datos personales”, refirió sobre el recurso la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena.
