En el marco de la décima conferencia IAS sobre ciencia del VIH, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, demandaron al gobierno mexicano un mecanismo transparente, autónomo e independiente, que evite el clientelismo y la cooptación entre el gobierno y ONG a través de financiamiento público y por el cual regrese la ayuda a las ONG que atienden el VIH y el Sida en México.
Criticaron al gobierno mexicano por no llevar a cabo estrategias de prevención del VIH, a cuatro meses de haber retirado las ayudas gubernamentales a ONG encargadas de este padecimiento y denunciaron que no existe información al respecto de las acciones con las que el actual gobierno pretende suplir las medidas que adoptan las organizaciones no gubernamentales con el financiamiento público.
Señalan que, si bien se ha informado, de manera informal, que para las estrategias de reducción del daño transferirán recursos a los Centros de Integración Juvenil como parte de las acciones para suplir las funciones de las ONG, “para el resto de las estrategias el futuro es incierto”.
“Terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad, y corrupción…(los recursos) se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, recuerdan las organizaciones sobre el discurso del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien a partir del pasado 14 de febrero ordenó dejar de transferir recursos públicos a ninguna organización civil.
En este sentido, las organizaciones Civil Society Sustainability Network (CSSN), International Civil Society Support, Vía Libre, Plataforma Regional América Latina y el Caribe, y Movimiento Nacional de Lucha contra el VIH y el Sida, también lanzaron un llamado a las organizaciones civiles para buscar nuevas fuentes de recursos distintas a las tradicionales.
Así mismo, mencionan que dentro de las lecciones aprendidas de la experiencia mexicana se encuentra la de establecer y sostener alianzas y coaliciones en temas como salud, derechos y desarrollo, con el fin de monitorear predecir, y responder proactivamente a cambios que pudieran afectar la estabilidad de los programas y su continuidad.
Apuntan que los mecanismos de subvención deben ser basados en concursos abiertos, evaluados por paneles independientes y gestionados por entes autónomos e independientes del gobierno; así como modelos de contratación con mayores niveles de institucionalidad a través de un marco jurídico, que prevenga el riesgo relacionado con las transiciones gubernamentales y cambios políticos.
Igualmente criticaron que la sustentabilidad de estrategias que emplean recursos públicos es débil al depender de la voluntad y las políticas de los gobiernos en turno.
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