/ miércoles 24 de enero de 2018

Confirman condena a Lula da Silva por corrupción en Petrobras

En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, Lula fue condenado por recibir de la constructora OAS un apartamento de lujo en el balneario paulista de Guarujá

PORTO ALEGRE.- El instructor del juicio en segunda instancia que enfrenta hoy Luiz Inácio Lula da Silva pidió aumentar a doce años y un mes la pena de nueve años y medio dictada contra el expresidente brasileño en primera instancia.

"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de la ciudad de Porto Alegre.

Tras el voto del instructor, se pronunciarán los otros dos magistrados que completan la octava sala del tribunal, que evalúan si ratifican, anulan o modifican la pena por corrupción pasiva y lavado de dinero que recibió Lula en primera instancia en julio pasado en un proceso relacionado con el escándalo destapado en la petrolera.

"Considero que la culpabilidad es extremadamente elevada tratándose del expresidente", justificó el magistrado y agregó que la "gravedad" de los delitos cometidos exige una "pena mayor".

En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, la mayoría por presunta corrupción, Lula fue condenado por recibir de la constructora OAS un apartamento de lujo en el balneario paulista de Guarujá supuestamente a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.

El juez también dio por comprobado que el inmueble, pese a estar formalmente a nombre de OAS, era "designado" para Lula en concepto de "ventaja indebida" y citó varios testimonios para respaldar su tesis, así como las visitas de él y de su fallecida esposa, Marisa Letícia, al piso.

"El conjunto probatorio permite un juicio seguro y afirmativo sobre la existencia de pruebas", aseguró el juez.

"No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno", añadió.

En su alegación, de cerca de 430 páginas y que se prolongó durante más de tres horas, manifestó que los argumentos, tomados de manera aislada, "pueden parecer frágiles", pero en conjunto, con otras pruebas, hacen "posible confirmar" los delitos.

El magistrado defendió la "cristalina comprobación" de la influencia del expresidente para nombrar a cargos en Petrobras y la conciencia de este de la "sofisticada" trama corrupta.

El juicio, transmitido en directo por su "excepcionalidad", puede ser determinante para el futuro de Lula porque si se mantiene la condena, el exmandatario, que favorito en las encuestas de intención de voto, podría quedar inhabilitado para competir en las elecciones del próximo octubre, aunque la decisión final correspondería entonces a la Justicia electoral.

El magistrado rechazó antes las 13 preliminares presentadas por los acusados -seis en total- y remarcó que "es importante desmitificar" las supuestas "violaciones" cometidas durante el proceso y denunciadas por los abogados de Lula.

Gebran Neto dijo que "no hubo tentativa de monitorear ilegalmente a los abogados" de Lula y rechazó el pedido de suspensión tanto del juez federal Sergio Moro, al que defendió, como de los fiscales envueltos en el caso.

"Moro no es sospechoso para juzgar a Lula (...) Hay que tener bien claro que el juez no es parte del proceso, ni asume protagonismo", expresó el magistrado, quien fue señalado en otras ocasiones por la defensa del expresidente como un hombre próximo a Moro.

PORTO ALEGRE.- El instructor del juicio en segunda instancia que enfrenta hoy Luiz Inácio Lula da Silva pidió aumentar a doce años y un mes la pena de nueve años y medio dictada contra el expresidente brasileño en primera instancia.

"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de la ciudad de Porto Alegre.

Tras el voto del instructor, se pronunciarán los otros dos magistrados que completan la octava sala del tribunal, que evalúan si ratifican, anulan o modifican la pena por corrupción pasiva y lavado de dinero que recibió Lula en primera instancia en julio pasado en un proceso relacionado con el escándalo destapado en la petrolera.

"Considero que la culpabilidad es extremadamente elevada tratándose del expresidente", justificó el magistrado y agregó que la "gravedad" de los delitos cometidos exige una "pena mayor".

En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, la mayoría por presunta corrupción, Lula fue condenado por recibir de la constructora OAS un apartamento de lujo en el balneario paulista de Guarujá supuestamente a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.

El juez también dio por comprobado que el inmueble, pese a estar formalmente a nombre de OAS, era "designado" para Lula en concepto de "ventaja indebida" y citó varios testimonios para respaldar su tesis, así como las visitas de él y de su fallecida esposa, Marisa Letícia, al piso.

"El conjunto probatorio permite un juicio seguro y afirmativo sobre la existencia de pruebas", aseguró el juez.

"No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno", añadió.

En su alegación, de cerca de 430 páginas y que se prolongó durante más de tres horas, manifestó que los argumentos, tomados de manera aislada, "pueden parecer frágiles", pero en conjunto, con otras pruebas, hacen "posible confirmar" los delitos.

El magistrado defendió la "cristalina comprobación" de la influencia del expresidente para nombrar a cargos en Petrobras y la conciencia de este de la "sofisticada" trama corrupta.

El juicio, transmitido en directo por su "excepcionalidad", puede ser determinante para el futuro de Lula porque si se mantiene la condena, el exmandatario, que favorito en las encuestas de intención de voto, podría quedar inhabilitado para competir en las elecciones del próximo octubre, aunque la decisión final correspondería entonces a la Justicia electoral.

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