BOGOTÁ. La búsqueda de la “paz total” en un país donde las distintas formas de violencia volvieron a crecer después de la firma del acuerdo con las FARC es una de las prioridades de Gustavo Petro como presidente de Colombia y una apuesta ambiciosa en momentos en que hay una embestida criminal del Clan del Golfo contra la Policía Nacional.
El ambiente político favorece la iniciativa de Petro, que a partir de hoy será el primer presidente de izquierda de Colombia y que tiene entre sus objetivos la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con otros grupos armados.
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El ELN, por ejemplo, tiene como delito transversal la rebelión, que se encuadra en fines políticos, pero el Clan del Golfo y otras bandas criminales basan su poder en delitos comunes como el narcotráfico.
La propuesta de “paz total” ha calado dentro y fuera del país, y Chile ya se ofreció como sede de un eventual diálogo con el ELN, aunque Petro parece inclinarse por Cuba nuevamente. España también ha manifestado su voluntad de ayudar al desarrollo de esos diálogos que comenzaron en 2016 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladados a La Habana donde aún se encuentran los principales jefes guerrilleros.
Las conversaciones quedaron en punto muerto durante el actual Gobierno, que endureció las condiciones al ELN para negociar y se congelaron tras el ataque terrorista de esa guerrilla en enero de 2019, contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 muertos.
Para especialistas, una eventual negociación con el Clan del Golfo tiene obstáculos adicionales porque se trata de un grupo dedicado al narcotráfico, entre otros delitos, y habría que convencer a la población de que sea tomado como un actor político y no como una banda criminal.
Sin embargo, consideran que el proceso que más fruto puede dar es del ELN; en segundo lugar con las disidencias de las FARC y, lejos “muy lejos”, seguirían el Clan del Golfo y otros grupos criminales.
Sobre el Clan del Golfo, el director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, considera que con los recientes ataques contra la Policía lo que esa banda trata de demostrar es que tiene capacidad de hacer daño, de controlar territorios para “encarecer y poner la vara alta ante una posible negociación”.
Recuerda que ese grupo y otras bandas ofrecieron al presidente electo un alto el fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel y que, incluso, no sean extraditados.
En ese tópico cree que justificar la no extradición sería muy difícil sobre todo en un grupo que “no tiene una orientación política y que tiene una clara orientación hacia el narco”.
Desafíos económicos para el gobierno de Petro
En el ámbito económico, una ambiciosa reforma tributaria para financiar el gasto social y mantener la economía en crecimiento son algunos de los desafíos que tendrá como presidente para responder a las enormes expectativas que generó su elección entre los más pobres.
Petro llegará con la promesa de hacer transformaciones políticas, económicas y sociales que requiere el país, para lo cual tendrá que lidiar no solo con los habituales problemas de un presupuesto limitado sino también con una coyuntura internacional delicada por el riesgo de una recesión mundial.
Como ministro de Hacienda, Petro designó al prestigioso economista José Antonio Ocampo, hombre con experiencia en asuntos de Estado -ya ocupó esa cartera entre 1996 y 1997- y en organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien tendrá que hacer los ajustes necesarios en la economía.
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Según un informe de junio pasado de la Cepal, los efectos de la guerra en Ucrania, especialmente el aumento de los precios de la energía y los alimentos, elevarán la pobreza en América Latina y Colombia no será la excepción pues este indicador pasará del 33.6 por ciento de 2021 al 38 por ciento en 2022, llegando incluso al 39.2 por ciento dependiendo de cómo se comporte la inflación.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 19.6 millones de personas estaban en condición de pobreza monetaria en el país el año pasado lo que nuestra que hubo casi cuatro millones de pobres más en 2021 que los que teníamos antes de la crisis, según cifras presentadas previamente.
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