/ miércoles 15 de julio de 2020

Protestan en Chile, rechazan al gobierno y respaldan retiro anticipado de pensiones

La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es uno de las principales demandas del estallido social que sufrió el país a finales del año pasado

Barricadas, saqueos e incendios de comisarías se registraron la madrugada del miércoles en distintos puntos de Santiago horas antes de que el Congreso chileno vote una histórica ley que permitirá a los ciudadanos el retiro anticipado de sus fondos de pensiones y que cuenta con gran apoyo popular.

Al menos una veintena de personas fueron detenidas por saquear supermercados y atentar contra varias comisarías en comunas (barrios) capitalinas como Ñuñoa, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, Maipú o Cerro Navia, según el cuerpo policial de Carabineros.

"Ninguna discusión democrática, ninguna causa, ninguna propuesta puede nunca justificar los hechos de violencia que se manifestaron en el país", explicó este miércoles en rueda de prensa el ministro chileno de Interior, Gonzalo Blumel.

"Quien no la condene se va a hacer cómplice de esta violencia (...) Si nos importa la democracia, rechacemos esta violencia", agregó Blumel.

Antes de que empezara a regir el toque de queda nocturno y se desatasen los actos de violencia, una multitudinaria cacerolada se escuchó en muchos puntos de la capital con el objetivo de presionar a los diputados para que voten a favor del retiro anticipado de hasta un 10 % de los fondos de pensiones durante la pandemia.

La iniciativa legislativa, respaldada por toda la oposición y 13 diputados oficialistas, cuenta con el apoyo de más del 83 % de la población, según una reciente encuesta, y está llamada a aliviar los apuros económicos que está sufriendo la clase media, que representa casi la mitad de los 19 millones de ciudadanos de Chile.

De aprobarse este miércoles en el Congreso y en los próximos días en el Senado, Chile se sumaría a países como Perú o Australia que ya han permitido el retiro de fondos de pensiones durante la pandemia.

Para tratar de bloquear la votación, que se espera muy ajustada, el Gobierno anunció el martes varias medidas para la clase media, que incluyen un bono de 630 dólares, créditos estatales blandos y subsidios de arriendo.

"La urgente y necesaria protección de la clase media no puede ser a costa de reducir sus ya disminuidas pensiones, permitiendo retiros anticipados y no compensados de sus ahorros previsionales", dijo tras el anuncio el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.

Ideado por uno de los hermanos del actual mandatario e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.

Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.

La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es uno de las principales demandas del estallido social que sufrió el país a finales del año pasado y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.


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Barricadas, saqueos e incendios de comisarías se registraron la madrugada del miércoles en distintos puntos de Santiago horas antes de que el Congreso chileno vote una histórica ley que permitirá a los ciudadanos el retiro anticipado de sus fondos de pensiones y que cuenta con gran apoyo popular.

Al menos una veintena de personas fueron detenidas por saquear supermercados y atentar contra varias comisarías en comunas (barrios) capitalinas como Ñuñoa, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, Maipú o Cerro Navia, según el cuerpo policial de Carabineros.

"Ninguna discusión democrática, ninguna causa, ninguna propuesta puede nunca justificar los hechos de violencia que se manifestaron en el país", explicó este miércoles en rueda de prensa el ministro chileno de Interior, Gonzalo Blumel.

"Quien no la condene se va a hacer cómplice de esta violencia (...) Si nos importa la democracia, rechacemos esta violencia", agregó Blumel.

Antes de que empezara a regir el toque de queda nocturno y se desatasen los actos de violencia, una multitudinaria cacerolada se escuchó en muchos puntos de la capital con el objetivo de presionar a los diputados para que voten a favor del retiro anticipado de hasta un 10 % de los fondos de pensiones durante la pandemia.

La iniciativa legislativa, respaldada por toda la oposición y 13 diputados oficialistas, cuenta con el apoyo de más del 83 % de la población, según una reciente encuesta, y está llamada a aliviar los apuros económicos que está sufriendo la clase media, que representa casi la mitad de los 19 millones de ciudadanos de Chile.

De aprobarse este miércoles en el Congreso y en los próximos días en el Senado, Chile se sumaría a países como Perú o Australia que ya han permitido el retiro de fondos de pensiones durante la pandemia.

Para tratar de bloquear la votación, que se espera muy ajustada, el Gobierno anunció el martes varias medidas para la clase media, que incluyen un bono de 630 dólares, créditos estatales blandos y subsidios de arriendo.

"La urgente y necesaria protección de la clase media no puede ser a costa de reducir sus ya disminuidas pensiones, permitiendo retiros anticipados y no compensados de sus ahorros previsionales", dijo tras el anuncio el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.

Ideado por uno de los hermanos del actual mandatario e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.

Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.

La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es uno de las principales demandas del estallido social que sufrió el país a finales del año pasado y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.


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