Para los policías que prestan sus servicios en los municipios morelenses, tramitar su pensión puede ser todo un calvario, según afirmó Iván Chávez Espejel, presidente de la asociación civil Ciudadanos Uniformados A.C., que vela por los derechos de los elementos policiacos en todo el país.

“Cuando cumplen con los requisitos de Ley para obtener algún tipo de pensión, los policías tienen que iniciar una demanda al ayuntamiento para que el Tribunal de Justicia Administrativa, tras un juicio que suele durar un año, condene a la autoridad local a emitir un acuerdo de pensión”, dijo el abogado.

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El reclamo se suma a una serie de denuncias que ha dado a conocer la asociación civil a través de la delegación morelense, en la que los atropellos a los derechos laborales de los uniformados, la falta de equipo para trabajar, las largas jornadas de trabajo y un sistema de seguridad social deficiente se han vuelto una constante.

“Otorgar las pensiones es la obligación de los ayuntamientos en beneficio de los policías, quienes, en realidad, no tendrían necesidad de gastar en el pago de un abogado para llevar a cabo un juicio, ya que la Ley contempla que con la simple solicitud es suficiente”, agregó Chávez Espejel.

Aunque se trata de un problema presente en la mayoría de los municipios morelenses, el abogado mostró especial preocupación por los policías de Tepalcingo. En este municipio, la fuerza laboral es de 50 elementos operativos, cantidad que resulta insuficiente para atender a una población de más de 14 mil habitantes. El desgaste laboral de los uniformados de esta localidad se refleja en las enfermedades que padecen, como artrosis de rodilla, hipertensión y lesión de columna, sin seguro médico excepto por las consultas a las que tienen acceso con un médico general del ayuntamiento, pero sin medicamentos.

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