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TAPACHULA. Organizaciones agrupadas en el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunciaron diversas situaciones violatorias de los derechos humanos hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional, tras el despliegue de operativos de contención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército, el pasado 19 de marzo.
Dijeron que en este despliegue se observó la privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, además de espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca.
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Acusaron que también ha habido detenciones de mujeres con bebés, niñas, niños, adolescentes y no acompañados, contrarias a la Ley de Migración vigente, en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y en el Centro de Atención Integral del Tránsito Fronterizo (CAIFT) de La Trinitaria.
Señalaron que existe absoluto desconocimiento y nula actuación de las procuradurías a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes y de los DIF estatales y municipales ante la detención y privación de libertad de los menores y sus familias.
Destacaron la falta de acceso a la protección internacional, y a otras formas de regularización migratoria en México, de las víctimas de desplazamiento forzado.
“Hay obstaculización de la labor de observación, monitoreo y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”, denunciaron las organizaciones civiles.
Agregaron que los operativos, contrario a ser “rescates humanitarios'', como lo señala reiteradamente el INM en sus comunicaciones oficiales, son un despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención.
Las asociaciones puntualizaron que la narrativa de seguridad promovida por el Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación y el INM, criminaliza a las personas migrantes con un falso discurso de derechos humanos y legitima el uso excesivo de la fuerza hacia este sector.
Recriminaron que estas acciones tengan como resultados los lamentables hechos como la muerte de dos migrantes por parte de elementos de seguridad.
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