Condonación de vergüenza

El pasado miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto mediante el cual renunciará a la facultad que tiene como jefe del Poder Ejecutivo de condonar impuestos. Afirmó que “este esquema es completamente injusto ya que está dirigido a beneficiar a un grupo de privilegiados”.

Señaló que todo el mundo paga sus impuestos: trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios, y que sólo a ese sector de privilegiados se les condonaba esta obligación.

Estamos hablando de empresas de los multimillonarios como Carlos Slim Helú (América Móvil, Inbursa, Carso); Germán Larrea, propietario de Grupo México, (la empresa minera más grande del país y la tercera empresa productora de cobre más grande del mundo; de Ricardo Salinas Pliego (Banco Azteca y TV Azteca), de María A. Aramburuzabala (Grupo Modelo) y otras como Televisa, MVS, Grupo Herdez, ICA, Geo, Simec, Soriana, Volkswagen y BMW, incluso bancos como Interacciones, Banamex, Banorte, HSBC, Bajío, Skotiabank, Multiva y Santander.

Al revisar trabajos periodísticos sobre investigaciones al respeto, los montos de las condonaciones varían, pero todos coinciden, son cifras que hablan de miles de millones de pesos. Una de estas destaca que “en el gobierno de Enrique Peña Nieto –de 2014 a 2018– condonó o canceló adeudos fiscales de personas físicas y morales por 272 mil 280 millones de pesos”.

Los reportajes que encontré señalaban que la autoridad hacendaria descubrió la emisión de facturas falsas. Sin embargo, dichos adeudos de impuestos fueron cancelados. Entre las empresas beneficiadas figuran Servicios Maldebrand (mil 663 millones 041 mil 617 pesos), Corporativo Basie, (2 mil 124 millones 168 mil 275 pesos), Vilisa Metales (mil 254 millones 762 mil 060 pesos), COINI (852 millones 463 mil 498 pesos), Comercializadora Metalúrgica de Occidente (362 millones 721 mil 824 pesos), Alexsport (252 millones 980 mil 304 pesos) y Maquinaria y refacciones Cide (225 millones 765 mil 490 pesos).

Estos beneficios los obtuvieron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tan sólo este último, en 2013, como consecuencia del programa “Ponte al corriente”, condonó 80 mil millones de pesos de impuestos a 36 empresas, cuyos propietarios están incluidos en la lista de multimillonarios de Forbes.

Habrá que destacar que los tres ex presidentes violaron el Código Fiscal de la Federación (CFF) que ordena que “un crédito fiscal” puede ser cancelado únicamente por dos razones: Cuando existe “imposibilidad práctica de cobro” (por insolvente del deudor, porque no puede ser localizado, no tiene bienes embargables o falleció sin bienes objeto de embargo) y cuando el cobro es “incosteable” (sea porque el costo de recuperación del adeudo es igual o mayor al adeudo; o sea porque el adeudo es igual o superior a un mil 245.3 y 124 mil 532.6 pesos, plantea el Artículo 146-A del CFF).

Pero más aún, los empresarios fueron protegidos. Vicente Fox, como jefe del Ejecutivo, ordenó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) reservar el nombre de quiénes y la cantidad total de impuestos condonados, sino hasta este año. Así, el presidente podrá dar el nombre a quiénes se les perdonó los gravámenes.

Por lo pronto anunció que en septiembre próximo enviará al Congreso esta iniciativa de la eliminación definitiva de dichas condonaciones junto con el paquete presupuestal 2020

La decisión tomada por López Obrador representa una acción de justicia, pues con el perdón fiscal se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se genera una pérdida financiera para el país, recursos que simplemente no se cobran.

Debe ser, por el contrario, la Cámara de Diputados la que tome una decisión en este sentido, desde luego, después de un análisis de a quién y qué se está perdonando. Las y los legisladores deben aprobar o rechazar cualquier propuesta de condonación porque finalmente son recursos públicos que dejarían estar ingresando a las arcas nacionales y debe ser sancionado por la Auditoría Superior de la Federación.

Esta práctica de los últimos tres sexenios representó una condonación que debiera dar vergüenza y ser revertida.