/ viernes 6 de agosto de 2021

El acceso de los pueblos indígenas a la representación política

El derecho a la diferencia permite crear nuevas dinámicas que ayudan a construir un juego político más plural e incluyente, donde las minorías pueden lograr una representación sustantiva de sus intereses en los órganos de deliberación política. Y, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 09 de agosto, es importante poner sobre la mesa su acceso a la representación política.

La Constitución Morelense admitió la composición pluricultural de nuestro territorio en su artículo 2º, y derivado de ello, dio reconocimiento jurídico en la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, publicada en 2012.

Para el proceso electoral local 2020-2021, las acciones afirmativas emitidas por el Consejo Estatal Electoral, en materia de candidaturas indígenas establecieron para el caso de las diputaciones de mayoría relativa, que los distritos electorales locales III, IV, V y X, que cuentan con un porcentaje de población indígena igual o superior al 30%, deberían contar con registros de candidaturas indígenas.

Y para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberían registrar en las listas plurinominales a dos personas indígenas de género diferente.

El resultado de la implementación de estas acciones afirmativas en Morelos fue que de las 260 candidaturas registradas a cargos de diputación por mayoría relativa, 34.2% correspondieron a candidaturas indígenas, es decir, 89 candidatos registrados. Mientras que de las 149 candidaturas registradas por el principio de representación proporcional, 57 fueron candidaturas indígenas, lo que representó el 38.3%.

La apertura a las vías de acceso de los pueblos indígenas a la representación política ha sido una deuda histórica. Resulta indispensable integrar a las minorías en la deliberación política y en los espacios donde se vota el presente y el futuro de nuestra nación y nuestras entidades federativas.

En nuestro país, se ha avanzado a pasos graduales en la consolidación de derechos políticos-electorales indígenas, pero a pesar de tales avances, la presencia indígena en los espacios de representación sigue siendo muy limitada, pues siguen sin encontrar representación en los Congresos y apenas se ven limitados a tener representación a nivel municipal.

Por otro lado, enfrentamos un problema que nos obliga a definir bajo qué condiciones o supuestos estamos frente a un indígena. Si bien es cierto, el derecho nos permite a cada uno autodefinirnos, esto también ha ocasionado la distorsión de la identidad, para en su caso aprovecharse de ciertas circunstancias, como autoadscribirse indígena, sin serlo.

Por ello, es imprescindible establecer ciertos criterios que nos permitan acreditar la identidad de un indígena y lograr con ello el objetivo de la “acción afirmativa”, es decir, dar real acceso, voz y voto en las estructuras de poder y deliberación a este grupo que históricamente ha sido excluido.

En el caso de Morelos, se puede observar que se dio cabal cumplimiento a las cantidades y porcentajes de las acciones afirmativas, incluso se registraron candidaturas indígenas en distritos no catalogados como indígenas, como fue el caso del Distrito IX. Sin embargo, esto hasta el momento no significa un triunfo para las comunidades indígenas, pues habría que esperar el desempeño y la verdadera y autentica representación de nuestros diputados electos que cumplieron con el requisito de autoadscripción indígena, y no resulte ser solo eso, un requisito que se vuelva simulación.

Incluir a los indígenas en los espacios de representación no resuelve del todo un problema estructural de dominación, opresión y exclusión que han vivido estos grupos a lo largo de la historia, sin embargo, es un paso importante de progresos cuantitativos que va a permitir incluirlos, visibilizarlos y construir verdaderas agendas y metas de acción que expresen sus necesidades.

Hoy, se vuelve un reto que urge asumir, y no ver a los pueblos indígenas como moneda de cambio ni mero requisito para acceder al poder.

El derecho a la diferencia permite crear nuevas dinámicas que ayudan a construir un juego político más plural e incluyente, donde las minorías pueden lograr una representación sustantiva de sus intereses en los órganos de deliberación política. Y, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 09 de agosto, es importante poner sobre la mesa su acceso a la representación política.

La Constitución Morelense admitió la composición pluricultural de nuestro territorio en su artículo 2º, y derivado de ello, dio reconocimiento jurídico en la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, publicada en 2012.

Para el proceso electoral local 2020-2021, las acciones afirmativas emitidas por el Consejo Estatal Electoral, en materia de candidaturas indígenas establecieron para el caso de las diputaciones de mayoría relativa, que los distritos electorales locales III, IV, V y X, que cuentan con un porcentaje de población indígena igual o superior al 30%, deberían contar con registros de candidaturas indígenas.

Y para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberían registrar en las listas plurinominales a dos personas indígenas de género diferente.

El resultado de la implementación de estas acciones afirmativas en Morelos fue que de las 260 candidaturas registradas a cargos de diputación por mayoría relativa, 34.2% correspondieron a candidaturas indígenas, es decir, 89 candidatos registrados. Mientras que de las 149 candidaturas registradas por el principio de representación proporcional, 57 fueron candidaturas indígenas, lo que representó el 38.3%.

La apertura a las vías de acceso de los pueblos indígenas a la representación política ha sido una deuda histórica. Resulta indispensable integrar a las minorías en la deliberación política y en los espacios donde se vota el presente y el futuro de nuestra nación y nuestras entidades federativas.

En nuestro país, se ha avanzado a pasos graduales en la consolidación de derechos políticos-electorales indígenas, pero a pesar de tales avances, la presencia indígena en los espacios de representación sigue siendo muy limitada, pues siguen sin encontrar representación en los Congresos y apenas se ven limitados a tener representación a nivel municipal.

Por otro lado, enfrentamos un problema que nos obliga a definir bajo qué condiciones o supuestos estamos frente a un indígena. Si bien es cierto, el derecho nos permite a cada uno autodefinirnos, esto también ha ocasionado la distorsión de la identidad, para en su caso aprovecharse de ciertas circunstancias, como autoadscribirse indígena, sin serlo.

Por ello, es imprescindible establecer ciertos criterios que nos permitan acreditar la identidad de un indígena y lograr con ello el objetivo de la “acción afirmativa”, es decir, dar real acceso, voz y voto en las estructuras de poder y deliberación a este grupo que históricamente ha sido excluido.

En el caso de Morelos, se puede observar que se dio cabal cumplimiento a las cantidades y porcentajes de las acciones afirmativas, incluso se registraron candidaturas indígenas en distritos no catalogados como indígenas, como fue el caso del Distrito IX. Sin embargo, esto hasta el momento no significa un triunfo para las comunidades indígenas, pues habría que esperar el desempeño y la verdadera y autentica representación de nuestros diputados electos que cumplieron con el requisito de autoadscripción indígena, y no resulte ser solo eso, un requisito que se vuelva simulación.

Incluir a los indígenas en los espacios de representación no resuelve del todo un problema estructural de dominación, opresión y exclusión que han vivido estos grupos a lo largo de la historia, sin embargo, es un paso importante de progresos cuantitativos que va a permitir incluirlos, visibilizarlos y construir verdaderas agendas y metas de acción que expresen sus necesidades.

Hoy, se vuelve un reto que urge asumir, y no ver a los pueblos indígenas como moneda de cambio ni mero requisito para acceder al poder.