Establecer el equilibrio de los poderes en el Estado no siempre asegura la estabilidad del sistema político en su totalidad.
La división de poderes propuesta por Locke y Montesquieu ha sido interpretada de formas diversas y adaptada a las circunstancias políticas y sociales de cada régimen acotando las funciones del legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, por la naturaleza de su relación se presentan tensiones entre los poderes o “choque de legitimidades”, particularmente entre el Gobierno y el Parlamento al tratar de identificar las funciones que les corresponden a unos y a otros. Es ahí donde es importante que exista y se manifieste un control por parte del poder judicial como árbitro constitucional. Porque si bien es cierto que se fijan límites que restringen las esferas del poder, algunas veces estas colindancias parecieran ser un tanto ambiguas generando severos conflictos internos.
El equilibrio de poderes requiere de un sólido entramado institucional en el que las atribuciones de cada uno de los ámbitos estén adecuadamente compensadas y ninguno prevalezca sobre otro para conseguir un eficaz funcionamiento del “sistema de pesos y contrapesos”. Algunos autores como Linz, Pérez Liñán, Michael L. Mezey y Mainwaring aduciendo a las ventajas y desventajas de los modelos, en aras de pugnar por el equilibrio de los poderes, se han inclinado por la defensa del parlamentarismo sobre el presidencialismo, aunque éste último cristalice mejor el principio de división de poderes. Los autores citados han invocado algunas de las ventajas y desventajas de la aplicación de cada uno de ellos y su compatibilidad con la separación de poderes. Se ha concebido al parlamento, cómo el máximo órgano de representación y como “centro de gravedad política” y se ha asociado al presidencialismo como un factor de desestabilización. Lo cierto es que a pesar de que se mantenga un auténtico equilibrio de los poderes -que sería lo más conveniente- hay que considerar que existen otras variables que posibilitan o imposibilitan el equilibrio del poder. Ejemplos de éstas variables podrían ser: la estructura institucional, la forma de gobierno preestablecida (y la resistencia al cambio), las experiencias históricas y la tendencia al autoritarismo (gobiernos autoritarios, crisis de gobierno, movimientos históricos), el grado de democratización, los procesos de transición, liberalización y democratización de los que habla Guillermo O’Donnell, la desconfianza en las instituciones y partidos y la participación política- que promueven la implantación de un modelo (sea parlamentario o presidencial). En México, el reto es evitar que el modelo de presidencialismo del presidente, López Obrador convierta en razones personales, las razones de un Estado que requiere de un sólido diseño institucional para funcionar en la normalidad política.
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