El problema de la influencia de los actores políticos que conforman el poder público, considera el politólogo Hugo San Martín, puede ser atemperado o acentuado por tres factores: la coincidencia o no de los períodos de ejercicio con los del Ejecutivo y del Legislativo, la existencia o ausencia de restricciones referentes a la actividad política de los candidatos a integrar el organismo electoral; y el establecimiento de los organismos en los cuales reside la facultad de remover a los mismos integrantes de estos organismos electorales supremos.
Insistimos, como afirma San Martín, esto puede atemperarse o acentuarse.
No obstante, de fondo existe otro problema no menos grave: son los legisladores, emanados y pertenecientes a los partidos, en sus congresos o parlamentos, los que tienen a su cargo generar la legislación que sirve como marco para regular tanto a los órganos electorales como los procesos electorales, y eventualmente establecen condiciones favorables para la fuerza política a la que representan, lo cual también debe ser atemperado
De lo contrario se corre el riesgo de que la autoridad electoral, por sus integrantes y sus marcadas tendencias ideológicas, rompan la obligada imparcialidad y autonomía indispensables en su proceder y en sus decisiones, perdiéndose la confianza tanto de los competidores en la contienda electoral como en la sociedad en torno a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano electoral, un debate público indispensable en los tiempos que corren, a propósito del anuncio de la élite del poder, no sólo para modificar el ascenso, estabilidad y duración de los miembros del Instituto Nacional Electoral, sino para romper con el pacto constitucional, tal como lo ha sugerido el presidente de la cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo por el terrible precedente que se establecería al dejar a la deriva nuestra forma de democracia electoral con la ampliación del período gubernativo en Baja California. Las soluciones jurídicas están sobre la mesa a fin de resguardar nuestra forma de gobierno y la democracia constitucional.
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