La policía federal con mandos civiles “ha sido un desastre”, afirmó recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la única posibilidad para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad, cuando menos en el corto plazo -máximo de cuatro años-, es contar con una Guardia Nacional que pueda enfrentar este grave problema.
Ha dejado claro que en su gobierno la palabra guerra va a quedar descartada por completo. “No queremos en México una guerra de ningún tipo, queremos vivir en paz", señaló. Ha mostrado patrones de que no sustentará su acción de gobierno en el uso de la fuerza, ejemplo de esto es la consulta que le hizo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emita una recomendación sobre cómo proceder ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán.
La insistencia de crear la Guardia Nacional no es por una necedad, sino una prioridad para el gobierno federal, pero al mismo tiempo para el país y para la población; es un reclamo generalizado de contar con una fuerza de seguridad profesional, respetuosa de los derechos humanos pero al mismo tiempo, “no debe ser una institución clonada de las fuerzas armadas” que debe respetar el federalismo y las soberanías estatales.
Bien ha explicado el Coordinador Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila: “La Guardia Nacional está lejos de ser un detonador o el gatillo de un proceso de militarización en el país, por el contrario es una propuesta para encauzar, redirigir y dar organicidad a la lucha contra la inseguridad y la violencia desde bases constitucionales e institucionales más sólidas”.
De acuerdo con la iniciativa de ley que fundamenta a dicha institución, la seguridad federal estará a cargo de la milicia, mientras que las acciones, planes, programas y reglamentación, será responsabilidad del Congreso, pero como ha señalado el Jefe del ejecutivo, esta propuesta deberá ser una opción, no la regla.
Por esto, la concepción de la estrategia de seguridad del gobierno, no debe centrarse en una política represiva, en una acción de guerra, sino a partir de la prevención con un modelo económico y de desarrollo social, es decir, garantizar empleo, educación y salud, además de reactivar la procuración de justicia, respeto y promoción de los derechos humanos.
De la misma manera se debe considerar en dicha estrategia, como una tarea fundamental, erradicar la corrupción, fortalecer los principios éticos de la sociedad; reformular el combate a las drogas, amén de recuperar y dignificar las cárceles.
Por fin, el Ejército tendrá su marco legal, donde habrá de quedar claro que el mando de la Guardia Nacional, estratégico y operativo, debe de ser eminentemente de naturaleza civil y no militar, y por lo que toca al fuero militar en los delitos o faltas que cometiera la Guardia Nacional, sólo deberán ser conocidos por tribunales civiles.
Un aspecto destacado que debe incluir el marco normativo de la Guardia Nacional, que en breve deberá ser discutido en Senado de la República, es restituir el artículo transitorio que había sido eliminado por los diputados, a fin de que quede reglamentada la colaboración de las fuerzas armadas, pero sólo de forma temporal en cuanto se conforme en su totalidad a la institución de seguridad que reclamamos las y los mexicanos.
