El crecimiento de la pobreza en Morelos está tristemente asociado con las decisiones en materia política, económica y de seguridad pública del último lustro en el gobierno e iniciativa privada en el estado y los municipios.
La infructuosa estrategia de seguridad golpeó la actividad económica en mucho mayor grado que en otras entidades que padecen también altas tasas delictivas, lo que tendría que hacernos buscar el origen del fracaso en el combate a la pobreza en otros fenómenos que, junto a los altos índices de criminalidad, han hecho que la entidad disminuya su actividad económica y el número de pobres haya crecido en alrededor de 40 mil en la última década.
Desde 2008 al 2018, según las cifras de Coneval, la pobreza en el estado creció de 48.8 a 50.8% de la población, es decir, hay más de un millón de morelenses pobres cantidad que supera moderadamente a la mitad de la población total del estado. El problema del incremento drástico de la pobreza en el estado alcanzaría entonces a por lo menos dos administraciones gubernamentales con diferentes enfoques, la de Marco Adame y la de Graco Ramírez, pero se extienden hasta el presente, con Cuauhtémoc Blanco, cuyos meses de aprendizaje han concluido sin que sea aún notable una reducción en la pobreza, o una articulación de políticas públicas que permitieran tener esperanzas de que la tendencia de crecimiento de la población en situación de desventaja económica podrá ser abatida.
La cantidad de pobres en el estado tiene que ver con los bajos índices de crecimiento económico, con la escasa calidad de la mayoría de los empleos, con la pérdida de trabajos formales, con la escasa productividad de la fuerza de trabajo, con la contracción del mercado interno (de la que parece origen y destino), con el mal diseño de políticas públicas, con la visión asistencialista del combate a la pobreza, con la corrupción en el gobierno y la iniciativa privada, con el escaso impulso a la inversión local, con la baja calidad de la ciudadanía y de la aplicación del marco legal… y con la inseguridad.
Las fallas son atribuibles al gobierno, pero también a una ciudadanía poco exigente en materia de oportunidades de desarrollo, y a una clase empresarial que peca de excesiva cautela para apostar por el crecimiento de las comunidades a través de la inversión. Los altos índices de pobreza han potenciado también el crecimiento de los grupos delictivos, el aumento de la inseguridad, la falta de respeto al orden jurídico, y otros factores que siguen extendiendo la miseria en el estado en un círculo lamentable que requiere de estrategias coordinadas para romperse.
La Plan de Pacificación del gobierno estatal para atender de forma conjunta los graves problemas de inseguridad ha fracasado por varios motivos, entre los que destaca la poca coordinación con las autoridades y liderazgos locales, movidas ya desde ahora por grupos de interés político diversos al del gobierno estatal, y el poco involucramiento que en la estrategia parecen tener otros sectores responsables del desarrollo económico y social. Pese a estas fallas, habría que reconocer que es el más articulado de los proyectos del gobierno del estado, al incluirse en él los factores socioeconómicos generadores de violencia y destacarse la necesidad de combatirlos. Puede ser que en ese documento, cuyos componentes teóricos parecen impecables, esté la semilla para articular las políticas públicas del gobierno estatal en un todo orquestado desde el Ejecutivo que permita políticas de altos y múltiples impactos. Si al atender los problemas de inseguridad se concreta también el crecimiento económico del estado, el combate a la pobreza, la dotación de oportunidades, tendríamos un gobierno que, por primera vez en muchos años, enfrente la realidad en toda su complejidad. Y eso sería un cambio que valdría la pena ver en el gobierno.
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