Luego de que a finales de Febrero se presentara el primer caso de coronavirus en nuestro país el gobierno federal comenzó con las medidas sanitarias para el control de contagios y el menor número de muertes posibles.
Debido al fenómeno planetario de la globalización era casi imposible que México estuviera libre de esta pandemia. Pero en México existe un tipo de población aún más vulnerable que la mayoría de los mexicanos, los indígenas. Esta población ha sufrido un abandono histórico por parte del Estado. Discriminación, pobreza, racismo, violencia, analfabetismo y podemos seguir con un listado más amplio de desventajas a las que se enfrenta un indígena en México.
El pasado 21 de abril ya se habían contagiado 1,081 indígenas de covid-19 en 100 municipios del país, informó Adelfo Regino titular del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), eso sin contar a los indígenas que viven en los Estados Unidos. Un ejemplo de la nula inclusión indígena en nuestro país es que en el presupuesto Nacional solo el 1.65% está destinado a los pueblos indígenas, a pesar de que representan el 21.5 % de la población total del país. A pesar de ello, el presupuesto del INPI para el 2020 tuvo una reducción de 40.5% en comparación al 2019. Esta pandemia solo hace más visible todas las problemáticas que ya existían en las comunidades indígenas, como el deficiente acceso a la salud, al agua potable, a la educación y no contar con un empleo que garantice un ingreso económico estable.
Ante el riesgo de la pandemia y pese a las condiciones deficientes, municipios indígenas como Tlayacapan, Tetela del Volcán, Hueyapan, Tepoztlán y Ocuituco, cerraron sus entradas y solo permiten el ingreso y salida solo de sus habitantes. Decisiones como estas son criticadas por la población en general, cuestionando por qué se “mandan solos”, pero existe una justificación que da derecho a estas comunidades a cerrar sus fronteras, el sustento es el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad sobre sus territorios.
En materia de inclusión indígena en el Estado de Morelos, cumpliendo con el objetivo estratégico 2.4 del plan estatal de desarrollo 2019-2024: “Coadyuvar con el legislativo local para la transición de las comunidades indígenas a municipios de forma pacífica y con apego a un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos”. Ya que se han creado tres nuevos municipios de carácter indígena Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla iniciativa del anterior gobierno. Sin embargo, no se estableció jurídicamente el modelo para el nombramiento de sus representantes ya que en estos pueblos existen distintas formas de elección, como en la comunidad de Xoxocotla que existe la “Asamblea general” como medio para elegir un representante, no obstante está ha ido en decadencia debido al aumento de la población.
Pero más que una inclusión del sector indígena a la participación política en Morelos, parece que todo fue estratégico para hacer una distribución del Poder con fines meramente políticos. En algunos les recortaron extensión territorial y hasta “les colocaron a sus representantes” como en el caso de Xoxocotla, que al terminó de las elecciones, ya existían concejales que no fueron elegidos por la comunidad, aun así siguieron ejerciendo sus cargos.
La pandemia funcionó como agente visibilizador, ya que demostró cómo se encuentra excluida la población indígena en todos los sectores: salud, educación y sobre todo participación política. Estos pueblos a lo largo de los años han luchado por una autonomía, son ejemplos de particularidad ante la Globalización, pues en ese intento de homogenizar lo social, lo político, lo económico y lo cultural estas comunidades salen a la defensa de su identidad colectiva a través de la resistencia. La inclusión de los pueblos indígenas debe de estar de manera permanente y actualmente de manera urgente, no solo ante emergencias globales, sino que debe de anexarse al plan de desarrollo nacional y estatal.
