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El ocho de septiembre se instituyó como el Día Internacional del Periodista, por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, Argentina, en 1938, sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el gremio internacional optó por rendir homenaje al periodista checo Julius Fučík, quien fue perseguido y ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.
Tras estudiar filosofía, en 1921 ingresó al Partido Comunista e inició su labor como crítico literario y teatral. En los años de ocupación de Checoslovaquia por Hitler, publicó bajo seudónimo ensayos sobre las figuras más representativas de la cultura democrática checoslovaca.
En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo, siendo trasladado a Berlín en el verano de 1943 y finalmente ejecutado el 8 de septiembre de 1943.
Su “Reportaje al pie de la horca”, fue escrito desde la cárcel y sacado hoja por hoja para después publicarse en 1945. El texto adquirió gran difusión internacional debido a su importancia, y ha sido traducido a más de ochenta idiomas. En 1950, Julius Fučík recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz.
Y aunque han pasado casi 80 años desde la ejecución del periodista checo, hoy en día esta profesión sigue siendo altamente riesgosa para quienes la ejercen, tan sólo en lo que va de 2022, en el mundo han sido asesinados 36 periodistas y están presos 505.
En el ámbito nacional, las cifras son alarmantes, ya que el 2022 se ha convertido en el año más mortífero para los periodistas en México. Hasta este mes, en el país se tienen registrados 14 asesinatos de periodistas, de los cuales, al menos 10 guardan relación directa con su labor informativa.
Sin embargo, pese al riesgo que implica ejercer esta profesión desde el Gobierno Federal no se ha logrado garantizar ni ejercer mecanismos de protección a favor de los periodistas y los números lo demuestran, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, nuestro país es el más peligroso para desarrollar esta profesión por encima de los países que se encuentran en guerra como Ucrania o Yemen.
Pero en el plano internacional las cosas no son diferentes, en Rusia se realizó una importante reforma a la Ley de 2019 sobre desinformación, en la que publicar información sobre las Fuerzas Armadas Rusas, considerada desacreditadora o falsa, llevaría a una pena de hasta 15 años de cárcel; además de estas modificaciones a la norma, se han hecho múltiples cambios desde que Rusia invadió Ucrania. Por lo que los periodistas independientes y de oposición se han abstenido de dar cobertura a los actos bélicos de su país por temor a las represalias que el Kremil pueda ejercer en su contra.
Lo que se traduce a que cualquier información que no provenga directamente del Gobierno puede ser prohibida y solo se considera fiable aquella proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso.
Debido a estas reformas más de 4 mil personas, incluyendo a periodistas, han sido perseguidas y 224 enfrentan una probable pena en la cárcel, de acuerdo con la ONG rusa OVD-Info. Algunos de los “crímenes” por los que han sido acusados son, por ejemplo, publicar enlaces en redes sociales noticias de los principales medios de comunicación internacionales sobre las masacres del Ejército Ruso en la ciudad ucraniana de Bucha, lo que basta para ser enjuiciado.
Ante la represión, cientos de trabajadores de los medios informativos tuvieron que huir de Rusia por la amenaza que representan estas leyes, y al menos 27 medios han cerrado o suspendido sus actividades en aquel país, entre ellos la BBC, la CNN y la CBC/Radio Canadá, por el peligro que corrían sus colaboradores y empleados rusos.
Igualmente en Latinoamérica el panorama no parece mejorar para quienes se dedican a la labor informativa, al contrario, ya que ni siquiera los derechos humanos suponen la salvaguarda de los periodistas, en Honduras, la nueva ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque orquestó una ola de despidos en contra de 14 empleados del Sistema Nacional de Protección (SNP), el mecanismo nacional encargado de la protección de los periodistas, defensores de los derechos humanos y operadores de justicia (jueces, fiscales, magistrados, entre otros) fundado en 2015. Lo que representa un golpe bajo para la aplicación del mecanismo de protección a periodistas.
Es por ello que se debe garantizar la seguridad de los periodistas en el contexto de censura y restricciones contra la información a nivel mundial, más allá de las recomendaciones que emitan las organizaciones y comités protectores, para asegurar que todos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación difundan noticias con libertad sin temor a represalias.
Con información de Reporteros sin Fronteras.
