Empresarios de distintos sectores productivos se pronunciaron en contra de las determinaciones del Congreso del Estado con la creación de una nueva ley sobre el uso y la instalación de cámaras de videovigilancia en sus negocios y domicilios, por lo que adelantaron que podrían ampararse contra esta nueva imposición, pues nunca fueron consultados pese a que coincidieron en su disposición de colaborar con las autoridades en el combate a la inseguridad, pero insistieron en que la forma en que hacen las cosas es lo que desaprueban.
Empresarios de empresas de seguridad privada como Alejandro Dorantes y otros más de organismos como la Canaco, Canirac, así como de la Canacintra delegación Morelos, coincidieron en señalar en que fue una determinación unilateral, pues nunca fueron consultados.
Presidentes de organismos empresariales como Canirac y Canacintra, indicaron que estarían conociendo y estudiando esta nueva ley para saber a detalle todos su ordenamientos, así como que estudiarán la posibilidad de interponer amparos en caso de que se contemplen acciones autoritarias y de violaciones a la privacidad, pues recalcó el líder de los restaurantes, esto es consecuencia de que "hacen leyes sin tomar en cuenta a la sociedad, a los grupos y sectores involucrados".
De acuerdo a la nueva ley aprobada esta semana por el Congreso del estado, las autoridades podrán requerir y asegurar los discos duros de todos los video cuando se suscite un ilícito e incluso cuando no, por lo que se estarán llevando la información de los propietarios de los establecimientos, lo que ha sido considerado una invasión a la privacidad de las personas y la violación a los derechos humanos.
Eduardo Peimbert Ortiz, representante de los comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca, expuso que es importante que haya un buen fundamento legal, pues a veces la discrecionalidad del funcionario arruina las cosas y de nada sirve mejorar la seguridad si no se tiene la intención de hacerlo con honestidad y no atentar contra la privacidad de las personas, porque en la Constitución está garantizado ese derecho.
