Para 2024, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA) requiere de 57 millones de pesos para operar; es decir, 27 millones de pesos más de los que ejerce en este 2023, informó su titular, Adriana Pineda Fernández.
El recurso, dijo, será destinado para cubrir las necesidades del TUJPA, desde mantenimiento de la infraestructura hasta la operatividad del mismo Tribunal.
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“Desde el año pasado hemos estado manteniendo diálogo con el Congreso del Estado, donde pudimos explicarles con mucho detalle cuáles son las necesidades reales para generar la operación idónea del Tribunal. Este año pudimos abrir el juzgado de ejecución que estuvo cerrado desde el 2019. Hemos trabajado con los diputados para exponer las necesidades de mantenimiento y estructura del Tribunal”, dijo.
Refirió que el área de justicia que encabeza es importante para la prevención del delito y evitar la reincidencia, además de salvaguardar los derechos de aquellos adolescentes que comenzaron una vida delictiva.
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Asimismo, dijo que es necesario que el recurso que se destine al Poder Judicial sea distribuido entre el Tribunal Superior de Justicia y en el TUJPA de manera equitativa y proporcional, ya que durante 2023 se distribuyó más dinero al TSJ.
“Queremos avanzar en la atención paulatina de las necesidades del tribunal, no pretendemos que en un solo año se resuelvan todas, pero sí gradualmente contar con un programa que permita rehabilitar el edificio en el que nos encontramos, las herramientas con las que hacemos nuestro trabajo y potencialmente tener los recursos correspondientes para poder desarrollar las actividades que tiene el Tribunal”, concluyó.
¿Qué hace el TUJPA?
Desde el año 2016, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó una serie de atribuciones al área de justicia para hacerlos partícipes en todas las acciones de prevención, tanto primaria para todos los adolescentes en general, secundaria para aquellos que están en situación de riesgo, y terciaria, para los que ya cometieron un delito, para evitar que reincidan.
El Tribunal también tiene esas obligaciones, incluso jurisdiccionales, para garantizar el acceso a los derechos de estos adolescentes.
