/ viernes 15 de marzo de 2019

Amparos contra la termo, ahora en juzgados federales

Juan Carlos Pérez Solís señala que hay un vacío legal por ser una situación política y no jurídica

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declarara incompetente para analizar la legalidad de las consultas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) trasladó su oposición a este último proyecto a través de los amparos que se han iniciado para evitar su funcionamiento.

De acuerdo con Juan Carlos Pérez Solís, vocero del FPDTA-MPT, el hecho de que se trate de una consulta política y no jurídica (argumento expuesto en el TEPJF) "genera un vacío legal que te deja en un estado de indefensión en parte", según
reconoció.

Antes de que el TEPJF desechara el caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) también se hizo a un lado, incluso antes de realizarse la consulta, al no apegarse al artículo 35 de la Constitución y, por lo tanto, no poder intervenir en su realización. Sin embargo, Juan Carlos señala que aún hay recursos para poder detener la termo.

Si bien ellos ya han determinado que no es procedente en el tribunal, no quiere decir que no sea procedente en los juzgados federales de amparo

Desde que fuera anunciada su construcción, el FPDTA-MPT ha buscado frenar la operación de la termoeléctrica de Huexca por medio de acciones sociales y jurídicas tanto en Morelos, como en los estados de Puebla y Tlaxcala, por donde atraviesa el gasoducto que trasladará gas a la planta de la Comisión Federal de Electricidad.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declarara incompetente para analizar la legalidad de las consultas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) trasladó su oposición a este último proyecto a través de los amparos que se han iniciado para evitar su funcionamiento.

De acuerdo con Juan Carlos Pérez Solís, vocero del FPDTA-MPT, el hecho de que se trate de una consulta política y no jurídica (argumento expuesto en el TEPJF) "genera un vacío legal que te deja en un estado de indefensión en parte", según
reconoció.

Antes de que el TEPJF desechara el caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) también se hizo a un lado, incluso antes de realizarse la consulta, al no apegarse al artículo 35 de la Constitución y, por lo tanto, no poder intervenir en su realización. Sin embargo, Juan Carlos señala que aún hay recursos para poder detener la termo.

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