El abogado morelense y representante legal de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Cipriano Sotelo Salgado, expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial deben tener autonomía financiera, pero deben contar con diversos procedimientos legales y no confundirse con una desincorporación de las tareas del Estado y decisiones unilaterales que transgredan la reglamentación.

Señaló que es necesario hacer una revisión de los procedimientos legales y del marco normativo, sin embargo, es la ambición de todo estado democrático dar autonomía a los organismos y a los propios poderes, para que cada uno maneje sus ingresos bajo cierta regulación al tener filtros de legalidad, ya que “hoy en día el Poder Legislativo no tiene órganos revisores de sus finanzas; entonces hablamos de un poder con autonomía financiera, pero al que no se le puede analizar en qué gasta su dinero, obviamente es una incongruencia”, agregó.

El abogado mencionó que lo primero que se debe realizar es establecer una ley formal que explique los parámetros, circunstancias y bajo qué puntos de opinión actuará, para después acceder a la autonomía financiera, siendo fundamental que se trabaje sobre un manual de designación de magistrados que contemple la realización de un examen público, en el que se exponga un caso y tenga que desmenuzarlo, a fin de convencer a los diputados para ascender al cargo.

“El procedimiento actual en el Congreso es sólo contar con ciertos requisitos como: ser abogado titulado, tener 10 años de haber egresado, no tener algún antecedente penal y presentar un ensayo. Quien sea magistrado, desde mi punto de vista, debe demostrar que tiene el talento, alguien que conozca la ley y que no sea amigo de algún diputado”, indicó.

Los diputados de la LIII Legislatura restructuraron la orgánica básica de la Fiscalía, en la que se destaca la autonomía en términos presupuestales y la asignación de cinco por ciento del total del presupuesto estatal para considerar la autonomía en este rubro de la Fiscalía Anticorrupción, a la cual se le garantiza lo mismo en términos técnicos y operativos.

Asimismo, al Poder Judicial se le otorgó autonomía financiera que le garantizará para el próximo año 4.7 por ciento del presupuesto estatal, tras hacer válida la reforma constitucional que fue aprobada en 2012 pero se había mantenido congelada por el impacto económico.