El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) auditará la nómina del Poder Ejecutivo estatal para verificar las inconsistencias que han llevado al adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con la institución de seguridad social, anunció el director de afiliación y cobranza del IMSS, Salvador Barbosa Rea, al referirse al pasivo que el Gobierno reconoce en 38 millones de pesos, pero del que no quiso confirmar la cifra dado que se trata de un monto protegido por el secreto fiscal.
“Hay un dictamen que presentó por ser patrón obligado el Gobierno del Estado, del cual se determinan diferencias, pero fue por efecto del dictamen del Seguro Social derivado de un contador público autorizado que es el que lo lleva, y hay diferencias por el ejercicio 2017”, esta diferencia sin embargo, no puede ser dada a conocer por el IMSS “porque es confidencial, por secreto fiscal”, expuso.
A partir de esa diferencia, tendrá que realizarse una revisión de auditoría para corroborar que esas diferencias estén bien determinadas y de ello se practicaría el cobro, y que el patrón, en este caso el Gobierno del Estado, pague dicho adeudo “de lo contrario, pues ya tendríamos que llevar nosotros ciertas acciones de cobranza”, señaló el funcionario.
Hay que revisar el dictamen para ver sobre qué conceptos (se han radicado las diferencias), puede ser un tiempo extra, una gratificación, el concepto de ayuda de despensa… puede ser un error humano, pero es muy considerable, muchas veces sólo son tácticas fiscales que hacen algunos patrones o algunos contadores para no integrar (los salarios)
A diferencia de lo que ocurre con el adeudo que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que se fue generando por la falta de pago derivada de la crisis financiera que padece la universidad, en el caso del Gobierno estatal no se trata de una falta de pago “porque siempre ha pagado”, sino de una integración inadecuada de los montos salariales de los trabajadores que derivó en reportar salarios integrados menores a los reales, concluyó al descartar que el problema pueda afectar el servicio que reciben miles de burócratas del Gobierno estatal.
