Mientras crece entre políticos, empresarios, profesionistas y grupos ciudadanos, el rechazo a los que se consideran abusos de la LIII Legislatura, cuya gestión termina mañana, los diputados del Congreso del Estado decidieron sesionar en privado y en sedes alternas para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la directora del Instituto de la Mujer del estado de Morelos, dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y el comisario del órgano de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en una sesión a puerta cerrada que inició casi a la medianoche del martes y se reanudó hasta la tarde del miércoles.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Morelos, Jorge Mátar Vargas, señaló que será la ciudadanía quien analice y califique el actuar de los legisladores locales en funciones.
Indicó que aún se cuentan con una horas de existencia de la actual Legislatura, y confían que la reorientación de los recursos que se dieron anteriormente regresen; "vamos a tratar de que realmente el Ejecutivo nos ayude con el Legislativo para que en función de ello podamos nosotros, los empresarios, poder seguir teniendo proyectos productivos que tanta falta le hacen al estado", expresó.
Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Antonio Sánchez Purón, lamentó la actitud que han asumido los diputados de la LIII Legislatura, ya que sólo generaron afectaciones al estado de Morelos y por ende a los ciudadanos, pues a pesar de haber hecho pública una campaña informativa sobre lo que se estaba gestando, no les importo y pareciera que obedecen a un interés en particular.
Asimismo, abogados y actores políticos recriminaron a los diputados que a escasas horas de dejar su responsabilidad, aún intentan repartirse los espacios en las dependencias.
Por ello, aseguraron que sólo ponen en evidencia que la LIII Legislatura sólo actuó por instinto voraz y para satisfacer sus necesidades, por lo tanto fueron tres años de abuso, sin escuchar a la opinión ciudadana, por lo que deben ser llevados a juicio.
