Hacer explícita la obligación de los sujetos obligados a transparentar la información en materia de violencia de género, al tratarse de una necesidad a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en Morelos, propone la diputada local de Morena, Edi Margarita Soriano, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local.
La iniciativa de la legisladora busca establecer en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, “el deber de los sujetos obligados (instituciones) de poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información estadística sobre los registros de casos en materia de violencia de género, precisando que el seguimiento de los mismos”.
Ello significará que la información deberá considerarse en Morelos, parte de la rendición de cuentas de las instituciones involucradas en el tema.
“Los datos son indispensables para la orientación de políticas públicas, para visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres. El acceso a la información puede aportar de manera relevante a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en razón de género. Permitiendo conocer y dimensionar la medida en que esta ocurre, además de facilitar la investigación de los hechos”, argumentó la diputada morenista al presentar la iniciativa.
Los organismos internacionales han llamado a los gobiernos a visibilizar la violencia y crear estadísticas para la toma de decisiones, abundó la legisladora quien considera urgente tener información exhaustiva y actualizada que permita tomar las mejores decisiones para abordar la violencia contra las mujeres, en las normas y políticas públicas para poder lograr su erradicación.
Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5 denominado “Igualdad de género” y 16 llamado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, se debe generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para así poder crear leyes que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas, agregó la diputada Edi Margarita.
La Organización de las Naciones Unidas ha sido sede de un gran número de acuerdos en la materia, plasmados en Convenciones, Pactos, Acuerdos y Plataformas de Acción, todos ellos agrupados bajo el concepto de Tratados Internacionales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un parámetro necesario en el control de convencionalidad, pues son vinculantes para todas las autoridades de los estados parte, en ese sentido todas las autoridades de cualquier ámbito tienen la obligación de resolver los asuntos apegados a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así mismo están obligados a conocer de las resoluciones emitidas por la Corte, manteniéndose actualizados y observando la jurisprudencia emanada de estas.
Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2011, en el Artículo primero, se otorgó el rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales, y se ordenó una interpretación pro-persona.
Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5 denominado “Igualdad de género” y 16 llamado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, se debe generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para así poder crear leyes que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas, agregó la diputada Edi Margarita.
