En lo que va de la actual administración de Gobierno del Estado, se presentaron 32 quejas ante la Comisión Estatal Derechos Humanos (CDHM) en contra de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). Esto la convierte en una de las instituciones con mayor número de quejas.
En sus reclamos, las personas acusaron ser llevadas a lugares donde las privaron de la libertad por varias horas, antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público, así lo informó Raúl Israel Hernández Cruz, Ombudsman de Morelos.
"La Comisión Estatal de Seguridad, encargada tanto de la prevención del delito, como de la reinserción social, es de las instituciones que más es señalada como violatoria de derechos fundamentales de las personas".
En entrevista para El Sol de Cuernavaca, Hernández Cruz declaró que del cúmulo de quejas, emitieron 32 recomendaciones, la mayoría por violación a la integridad y seguridad personal, uso desproporcionado de la fuerza pública e incluso por privación ilegal de las personas.
Respecto a algunos casos en la entidad, refirió la detención de José Fierro condenado en 2017, por la muerte de un empresario organizador de la Feria Cuernavaca, Juan Manuel García, donde emitieron una recomendación al establecerse que José fue golpeado por los policías, pero no hubo respuesta.
De igual forma, el caso de la agresión que cometieron tres personas en contra de un juez federal y su hijo, en el municipio de Jiutepec el año pasado, precisó que: "no fueron detenidos en el momento o en la mecánica de los hechos, sino horas después fueron asegurados y trasladados a un lugar clandestino que utiliza la Comisión Estatal de Seguridad, no sabemos para qué, pero da cuenta que es para someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes o para someterlos a confesiones o declaraciones forzadas".
Sobre las 32 recomendaciones, Hernández Cruz informó que tienen 23 aceptadas, nueve rechazadas, dos incumplidas y dos cumplidas, pero solo de manera parcial.
Según información de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el país de 2015 a 2020 se denunciaron 33 mil 750 abusos de brutalidad policial, de los cuales, 373 fueron judicializados y solo 172 concluyeron en una sentencia.
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