De mil casos que debe enfrentar el actual gobierno de Cuernavaca por despidos, el 50 por ciento fueron generados por la pasada administración.
Durante una sesión extraordinaria de cabildo, la consejera jurídica, Dora María Rodríguez, refirió que sólo por el área laboral el Ayuntamiento capitalino tiene que pagar 11 millones 151 mil pesos, por cuanto al área contenciosa 351 mil 783 pesos, para Seguridad Pública un millón 335 mil pesos y por amparos son dos millones 30 mil 902 pesos.
Explicó que hay recursos y formas que se están haciendo valer pero hay otros para los cuales tienen que dar el cumplimiento de cantidades específicas, como es el litigio ganado por la empresa Promotora Ambiental de Cuernavaca (PASA), quien se encargó hasta 2010 de la recolección de basura en la ciudad, y a quien deben pagarles 38 millones de pesos de acuerdo a un requerimiento de un juez federal que les esta manejando plazos.
Sin embargo, aseguró que para los otros casos están manejando estrategias respectivas y ciertos recursos, como juicios de amparo para enfrentarlas.
Al respecto, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, reconoció que los juicios labores crecieron en la administración pasada y generan un alto riesgo para el municipio debido a que la terminación de los efectos de los nombramientos no se llevaron a cabo como lo establece la Ley del Servicio Civil, por lo tanto se pudiera arribar por la autoridad, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), que los despidos fueron injustificados y podrían sobrevenir condenas para el Ayuntamiento.
Aclaró que si bien existen recursos presupuestados para el pago de estos juicios, podrían ser insuficientes, ya que sólo para PASA tienen que pagar 38 millones de pesos y cuentan con laudos con más de 200 mil pesos de condena, más las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que en el caso de los policías no tienen límite en el pago de salarios caídos.
En este sentido, el edil señaló que es necesario generar pláticas conciliatorias con abogados y partes actores para resolver a la brevedad el mayor número de casos sin tener que llegar a una sentencia y por ende a pagar las cantidades que se les pudieran decretar.
“Es derecho de los trabajadores hablar sobre el tema de conciliación y si se pueden disminuir las cantidades que se reclaman a través de un pago inmediato, proceder a hacerlo”.
La síndico municipal, Catalina Verónica Atenco Pérez, aseveró que de cerca de mil casos, solamente 500 se generaron en la pasada administración.
El regidor de Morena, Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, manifestó la importancia de que el municipio pueda acceder al fondo de aportaciones estatales concursables para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas dictadas en contra de los municipios.
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