Trabajadores sindicalizados y jubilados del Poder Legislativo pidieron a los diputados solventar la deuda que tienen con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), la cual mantiene detenidos sus prestaciones.
Frente a una comitiva de diputados integrada por las diputadas Keila Celene Figueroa Evaristo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Maricela Jiménez Armendáriz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), así como el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, se comprometieron a firmar un convenio de pago próximamente, sin embargo, primero aseguraron deben revisarlo y llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas.
Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos (Sustplem) informaron que el día miércoles se votaría en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos el convenio con el Instituto pudiendo acceder ya a los préstamos y otros beneficios, pero no fue aprobado por los legisladores ocasionando la molestia de los agremiados, quienes se han visto afectados en gran medida al ser en cierto casos el sostén familiar.
Son 145 los trabajadores sindicalizados afectados agregando jubilados y de confianza no sólo por la falta de pago en este concepto sino también en el pago de uniformes para empleados, apoyo en sus mismas cuotas, para colegiaturas en convenio, primas de antigüedad, entre otros derechos ascendiendo a más de 400 mil pesos desde el 2016.
Exclamaron que solamente les darán una semana para poder resolver esta situación, al considerar tuvieron el tiempo suficiente.
Mientras que los diputados aseveraron están haciendo las labores pertinentes para poder regularizar esta situación; además de que no pretenden dejar ir a la LIII Legislatura impune, por lo cual les mostraron las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de estos recursos que provocó una deuda de 24 millones de pesos.
