La historia de Pamela suena como la de muchas: Madres cuyos hijos e hijas son arrebatados de su casa, del hogar en el que nacieron y crecieron, y en el que de un momento a otro ya no lo es más.
Madres que deben comenzar de cero y vivir con los tíos, padres o abuelos, incluso amigas, porque su pareja no acepta que la relación se acabó, aunque incluso él mismo decidió terminarla.
En el contexto del Día de las Madres, la colectiva “Las de Violeta” advierte que en Morelos hay más de 200 madres que dan la batalla contra hombres que no se hacen responsables de su paternidad, hombres que se han convertido en deudores alimentarios y que se hacen valer de amistades y todo tipo de elementos jurídicos para no cumplir con una pensión alimenticia.
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Además, las mujeres se enfrentan a juicios que les impiden tener un trabajo formal porque las horas de una audiencia las absorben, o tienen que pagar dos mil pesos al mes por procesos que llegan a durar hasta 15 años.
Claudia Leticia Jiménez Santiago, titular en Morelos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, confiesa que aunque en el estado ya es reconocida como una forma de agresión de tipo familiar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta es una ley operativa solamente y que no considera sanciones.
“Es sólo para que los juzgadores tengan la perspectiva de género, lo que estamos pidiendo es que se atienda, se sancione y se erradique, y para eso necesitamos que sea reconocido en el Código Penal, Familiar y la Ley de Responsabilidades Administrativas”.
La organización actualmente tiene tres mil 100 mujeres víctimas que se han sumado a la misma derivado de la omisión con que los casos llegan a los tribunales del país.
La violencia vicaria es toda una “tortura”, continúa Claudia, situación que las autoridades no quieren ver y que llegan a propiciar otros delitos como homicidios, suicidios sobre las madres, pero también contra los menores que quedan en medio de un divorcio conflictivo.
Cada mes el Frente en Morelos atiende a cuatro madres víctimas de violencia vicaria, y un total de 100 en el último año.
La restitución de los menores no cierran la llave de la violencia
Jiménez Santiago dijo que la violencia contra ellas no cesa con la restitución de los menores, ya que la pareja sigue demostrando violencia de otras maneras, entre ellas el desinterés hacia los hijos.
No existe un plan de atención hacia el agresor, pues la justicia sólo se limita a las víctimas. Para alcanzar una pensión alimenticia para sus hijos, las madres deben “costear” procesos jurídicos caros que van desde los 500 a los dos mil pesos al mes, sólo mediante un representante social proporcionado por el Estado, pero si deciden llevarlo de manera particular el costo es mucho mayor.
Procesos injustos
Acusó que la Fiscalía de Grupos Vulnerables se “burla” de las víctimas, y llega hasta “complicar” aún más las demandas contra los agresores. Las trabajadoras sociales “disuaden” a las mujeres que buscan emprender una demanda.
“Les lavan el cerebro y la presionan, les dicen que es tu marido, les preguntan ¿estás segura?, y si la mujer llega en un estado de pánico pues desisten de iniciar la denuncia; eso nos lo relatan muchas mujeres”.
Existe una inoperancia en los tribunales familiares fomentada por la omisión de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Deudores alimentarios
Con el fin de no cubrir los gastos de alimentación, escolares y de vestir, los deudores alimentarios llegan a renunciar a sus trabajos o declaran tener hasta cuatro o cinco veces menos ingresos de los reales, afirman los colectivos.
En su mayoría los divorcios no voluntarios generan conflictos en cuanto a la guardia y custodia de los menores, así como en la pensión: “Alcanza entre un 80 a 90 por ciento de los hombres que se convierten en deudores luego de un divorcio; hay otra cosa, los hombres que están mejor posicionados económicamente tienen más recursos para pagar abogados".
Cero por ciento de los deudores alimentarios son castigados, asume Claudia, pues muchos de ellos son autoridades u ocupan un espacio de toma de decisiones, son al menos cuatro que laboran en el propio TSJ, guardaespaldas, tienen un familiar directo en la fiscalía estatal o en la Secretaría de Salud.
“Tenemos el caso de un deudor que después de 10 años tuvo que pagar una pensión retroactiva, y hasta eso porque lo quemaron en las redes sociales y aspiraba a gobernador de Morelos. Si el caso no hubiera salido a lo público, no hubiera pagado”.
La historia de Pamela Alvarado es parecida a la de muchas mujeres que buscan que su expareja se haga responsable de sus hijos. Cuenta que se convirtió en feminista luego de reconocerse víctima, en un primer momento se resistió a obligar al padre de su menor a hacerse responsable para no darle “derechos” sobre éste, pero luego asumió que debía hacerlos valer.
“En el colectivo tenemos más de 228 casos registrados de deudores alimentarios. Padres que incumplen con la pensión, que incumplen con sus infancias, violentadores vicarios también. Muchos deudores se cobijan de un sistema patriarcal, incluso en la política, tenemos el caso de muchas personas que tienen vínculos con la política o tienen poder político”, dice quien también coordina el Colectivo Las de Violeta.
Para las mujeres que quedan a cargo solas de sus hijos no existe un “hoy no tengo dinero para darle de comer a mis hijos”, trae consigo un impacto de abandono hacia los menores, una “huella” que poco se borra.
Obligarlos, es la única opción
Eliminar la posibilidad de que contiendan para un puesto de elección popular es una de las opciones que celebran, ya que una persona que no se hace cargo del hogar carece de ética; otra opción ha sido la colocación de “tendederos” con nombres y fotografías de los deudores, el único requisito es que tengan una demanda o expediente abierto.
Un 80 por ciento de los hombres son llevados a la justicia por este delito, pero también están las madres que no tienen acceso a información sobre cómo combatir.
Comenzar de cero
“A veces romantizamos esta parte de que las mujeres podemos solas, y yo creo que muchas veces no nos queda de otra, en el colectivo hemos tratado de crear espacios como las Mercaditas Restaurativas, en donde pueden vender sus productos, ofrecer servicios y a través de ellas las cobijamos, ya que muchas no pueden trabajar”.
Pamela describe que el 85 por ciento de las mujeres que enfrentan un juicio están desempleadas o en el sector informal, por lo que ejercen actividades de lo que sea, muchas de ellas son sacadas de su casa sin dinero, golpeadas y sin ropa.
Comenzar de cero es la única forma de salir adelante, sin redes de apoyo recurren a la colectividad, llegando al feminismo a través de sus mismas historias. Vivir con amigas o hasta desconocidas que están integradas en los colectivos.
Mujeres que pagan pensión
El frente tiene casos sustentados en los que las mujeres son obligadas a pagar pensiones alimenticias aún cuando los menores están con el padre. Es el caso de Claudia Jiménez, quien su expareja fue vinculado a proceso por agresiones y sustrajo a sus menores en más de dos ocasiones. Pero al no pagar la pensión los policías llegaron a su casa a detenerla para obligarla a cumplir.
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