Los centros de rehabilitación y de tratamientos son lugares que ayudan a las personas que luchan contra alguna adicción, ya sea de drogas o alcohol, y también a aquellas que presentan trastornos como la depresión.
Idealmente, estos centros deben ser autorizados y verificados por la Secretaría de Salud Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El primero se encarga de expedir los permisos sanitarios correspondientes para su operación, y el segundo, de certificar su funcionamiento.
Alrededor de estos centros existen diferentes mitos y otras cuantas realidades. Hemos escuchado historias aberrantes donde los pacientes son maltratados, hacinados en espacios pequeños; otros que son obligados a vivir durante días sin agua ni comida en los cuartos donde duermen, mismos lugares que utilizan para realizar sus necesidades fisiológicas.
Estas historias son contadas por quienes lo vivieron en carne propia o quienes tuvieron a algún familiar que lo experimentó. Victoria es una de ellas.
Internó a su hijo en un anexo ubicado en Xochitepec, Morelos, debido a los problemas de adicción que enfrentaba.
“Pagaba 500 pesos a la semana y le llevaba una despensa; cuando iba a visitarlo nunca dejaban que lo viera solo, siempre había alguien y yo le preguntaba: ‘Hijo, ¿estás bien?’, él me respondía que sí. Al salir del lugar me dijo que abusaron sexualmente de él”.
Pero no es el único caso, Montserrat, de 26 años, se quitó la vida en una de las clínicas de atención ubicada en Cuernavaca. Su padre, Jaime Alejandre, lamenta que a más de un año de la tragedia no haya avances en la carpeta de investigación.
A pesar de que la responsable de la regulación de este tipo de centros es la Secretaría de Salud, encabezada por Marco Antonio Cantú Cuevas, éste se negó a responder sobre cuántos y cuáles son los que operan en Morelos, quién supervisa que realmente cumplan con los requisitos y si el personal es el idóneo para ello.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido en los últimos años siete quejas contra este tipo de albergues, operados por el gobierno estatal, y aunque algunas ya se cumplieron, otras más siguen pendientes.
¿Qué dice la Ley?
En México existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, misma que establece que los centros de rehabilitación deben contar con el registro de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y deben ser lugares cuya infraestructura salvaguarde los derechos humanos de las personas a tratar. También especifica que el internamiento debe ser “voluntario”. “El ingreso voluntario requiere de la solicitud del usuario por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud; en caso de ser menor de edad se requiere de la solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor.
“El ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento”.
En el caso de los asilos de ancianos aplica la Norma 031 SSA3-2012 sobre Asistencia Social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos mayores.
Clínicas irregulares
De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se cuenta con un Programa de Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial, cuyo objetivo es “evaluar que los centros que brindan servicios de tratamiento den cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009, normatividad vigente y aplicable, así como el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias por parte del personal de los establecimientos residenciales”.
En el estado de Morelos solo se tienen registrados seis establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad residencial son reconocidos por la Conadic; sin embargo, pese a ello, se han registrado algunos casos que han sido denunciados ante las autoridades. Hace poco más de un año, en unas de ellas una joven de 26 años se quitó la vida.
No obstante, de acuerdo con el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (Denue), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Morelos operan 31 asilos y residencias para el cuidado de ancianos, así como 16 residencias o centros de rehabilitación de salud mental y atención de adicciones.
En cuanto a los centros de rehabilitación existen de todo tipo, desde los cristianos, hasta grupos de ayuda anónimos, y fundaciones que ofrecen ayuda “sin fines de lucro”. Es el caso de la “Asociación de aprendizaje y rehabilitación Corazón y Vida” ubicada en la colonia Presidentes de Temixco.
El Centro de Atención en Adicciones Edely en Yautepec; Sendero a la Libertad de Temixco; Grupo de Autoayuda Viviendo Alegre; Fundación Ángeles en Plenitud; Centro de Rehabilitación Caminemos a la Felicidad; Fundación Amor y Gozo en Acción.
Otros más en Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuautla, y Axochiapan. En su mayoría los centros informaron que reciben entre 1 a 10 personas, y uno en específico reportó tener una capacidad de albergue de hasta 30 personas.
Quejas en la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHMor) recibió en 2022 siete quejas contra albergues y asilos en donde presuntamente hubo abusos contra quienes fueron confiados por sus familias, ya que, a decir del propio organismo, no puede levantar quejas contra particulares.
Una fue en marzo del año pasado contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), debido a una denuncia que versó por “omisión de preservar y proteger la salud de 24 adultos mayores que se encontraban bajo su resguardo”. De esta se desprendió una recomendación a dicho organismo.
Otra más contra servidores públicos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial DIF Morelos por “presunta violación del derecho a la igualdad y trato digno”; una queja contra los Servicios de Salud de Morelos (SSM), y particular albergue 21 de Marzo, tras violaciones cometidas al derecho a la igualdad y el trato digno.
Viven un infierno
Bajo el número de carpeta de investigación FEDF RM/25/2022, Jaime Alejandre Pérez denunció anomalías en el proceso de investigación de la muerte de su hija Vivian Monserrat al interior de una clínica de rehabilitación.
De acuerdo con la denuncia, Vivían Monserrat, de 26 años, padecía ansiedad y depresión, por lo que se buscó ayuda de psicólogos y doctores, quienes le recetaron algunos medicamentos.
“A fines de febrero de 2022 mi hija Vivian Monserrat entró en una fuerte crisis; fue por ello que buscamos una clínica por vía internet llamada Paraíso, la cual decían que eran especialistas para atender este tipo de problemas que tenía mi hija, contactamos a esa clínica un lunes y al otro día temprano vinieron por ella y los acompañamos hasta Cuernavaca, donde está la clínica; la dejamos en dicho lugar y hasta ahí parecía que todo iba bien, nos dijeron que ellos nos marcaban para informes.
“Al otro día nos marcan de la clínica para decirnos que todo iba bien, que no nos preocupáramos, pero una hora después nos vuelven a marcar para informarnos que mi hija se quitó la vida, de inmediato nos fuimos hacia la clínica y cuando llegamos había muchos policías”.
Jaime Alejandre afirma que existe negligencia por parte de la clínica y complicidad de las autoridades para esclarecer la muerte de una joven que lo único que buscaba era recibir la atención especializada que se le prometió.
“No hay avances en su caso, todo ha sido muy lento, creo que salimos engañados por la clínica y el ministerio público, lejos de ayudarnos todo parece ser que están del lado de la clínica. Exigimos justicia para Vivían Monserrat, exigimos una investigación con perspectiva de género, que se me entreguen los resultados de la necropsia que he solicitado y se me han negado; que se aclare qué fue lo que le sucedió a mi hija y se juzgue y responsabilice a los culpables”.
Otro caso es el que vivió Victoria y su hijo. Hace más de cuatro años internó a su hijo en un anexo ubicado en Xochitepec, Morelos. “La verdad es que yo no veía el lugar; era como una cocinita donde nos decían: ‘aquí dejen su despensa y 500 pesos a la semana’, pero cuando ya entré al lugar, que se me permitió comer con él, los tenían como en un calabozo, abajo, en una parte era como un túnel en donde los tenían, no te dejan entrar, pero nos pusieron como en una terracita. Cuando pasábamos olía muy feo”, relata.
La experiencia para su hijo, menor de edad en ese entonces, fue mucho más traumática que haber sido abandonado por su padre, situación que se volvió factor principal para caer en las drogas. “En ese calabozo donde lo tenían debía hacer pipí en botes de chile vacíos. A mi hijo lo violaron, lo golpearon, los disque padrinos, que supuestamente los guiaban para salir adelante”.
Durante tres meses permaneció ahí, luego lo subieron a oficinas, lo enviaban al mercado a recoger los alimentos que en verdulerías les obsequiaban como desechos de sus ventas, y en el anexo lo convertía en caldo de oso, un alimento típico que consistía en verduras hervidas
Pero la historia del hijo de Verónica comenzó años atrás. A temprana edad comenzó a consumir drogas. Para obtener dinero y comprarlas comenzó por robar pequeñas cosas en su casa, para luego llevarse la plancha, la licuadora, cucharas, y todo lo que podía empeñar o vender, hasta que un día le pegó.
“Llegaba agresivo, me pegaba; yo veía cómo se azotaba en la pared y sacaba espuma de la boca cuando estaba en abstinencia. El proceso fue muy feo, y es ahí en donde yo entendí que los anexos no funcionan. Yo lo interné ahí porque me dediqué a buscar opciones que se adaptaran a mi presupuesto, a mis posibilidades, porque realmente no sabía a dónde ir”.
Sacar a su hijo de las drogas fue una batalla que luchó sola. No hubo alguna dependencia pública que la orientara, que le brindara opciones para salir de ese profundo hoyo en el que no sabe si aún sigue o ha salido, años han pasado sin saber de él.
A pesar de que se acercó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la violación que sufrió en el anexo, su voz no tuvo eco. La respuesta fue: “No, señora, los adictos son así, inventan cosas para que la familia diga ya no lo llevo ahí”.
Platicando con familiares de otros jóvenes internados en ese lugar y extrabajadores, coincidieron en que estos hechos sí ocurrieron protegidos bajo este principio de que los adictos mienten.
“A la distancia me doy cuenta que la mejor opción es escucharlos, no internarse ni juzgarlos, creo que cuando entran en el mundo de las drogas es porque tienen heridas de la infancia, mi hija tenía una herida de abandono, trabajarlo con un psicólogo, con amor. Yo les pediría a quien lee que busquen otras alternativas”.
Con información de Dulce Gaviña
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