El alcalde de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, y la síndica Irma Contreras Galicia fueron destituidos por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) debido a que incumplieron con la sentencia TJA/5aSERA/11/17-JDN que los magistrados resolvieron a favor de un expolicía al que debían pagar 622 mil pesos.
El presidente del TJA, Joaquín Roque González, explicó que este caso fue el último que el pleno abordó durante 2021, pues el 16 de diciembre inicia el periodo vacacional para el órgano administrativo, pero destacó que todavía quedan pendiente 18 sentencias en igual numero de municipios que no han sido atendidas por sus autoridades.
Así que estos asuntos serán retomados en 2022, es decir, después del cambio de administraciones municipales que se llevará a cabo el 1 de enero en los 36 municipios de Morelos, por lo que los nuevos alcaldes deberán ser quienes cumplan con esa sentencia o de lo contrario podrían seguir por el mismo camino hacia la destitución, advirtió.
“Hablamos de los integrantes de los nuevos ayuntamientos, porque no solamente es hacia los presidentes municipales, sino también contra los síndicos y regidores de estos 18 ayuntamientos que se encuentran en las tres zonas de Morelos”, comentó.
Reveló que de esa lista de municipios existen dos alcaldes que fueron reelectos, quienes podrían no cumplir con la extensión de su gobierno en caso de evadir el cumplimento de las sentencias que con anterioridad ha dictado el pleno del TJA, por lo que convocó a los ediles a pagar esos laudos.
Se amparan contra la destitución
El alcalde de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, dijo que la sentencia de destitución no es facultad del TJA, sino que le corresponde al Congreso del Estado, por lo cual ya presentó un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito correspondiente para impugnar dicha resolución, tal como lo hizo su homólogo de Ocuituco, Juan Jesús Anzures.
En ese sentido, ambos alcaldes con su amparo podrá continuar en funciones en tanto se obtenga la resolución. Andrade Zavala agregó que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional contra la determinación del TJA de Morelos al invadir la competencia y atribución exclusiva del Congreso.
Y es que de acuerdo con el magistrado Roque González, desde el 23 de enero de 2019 el pleno del Tribunal a su cargo emitió varias amonestaciones, después llevó a cabo cuatro apercibimientos de multa y finalmente cumplió un arresto administrativo por diez horas, pero al final no cumplió con la sentencia que dicta el pago de esa cantidad a favor del expolicía.
Además se determinó inhabilitar a ambos funcionarios como lo marca la normatividad, pues las autoridades “no mostraron intención de utilizar recursos del Fondo de Aportaciones Estatales concursable para el pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas dictadas en contra de los Municipios de la Entidad prevista en el Presupuesto de Egresos 2020 y 2021”.
Con información de Dulce Gaviña
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