/ domingo 22 de enero de 2023

Exfuncionarios corruptos abusan de amparos

Esta práctica llega a dilatar la aplicación de justicia, afirma el vicefiscal Anticorrupción

Utilizar el sistema de amparos es una práctica común de los servidores o ex servidores públicos de “cuello blanco”, lo que llega a “dilatar” la aplicación de la justicia, acusó el vicefiscal Anticorrupción, Rodolfo Núñez Urquiza.

El vicefiscal sostuvo que este es un factor ponderante del porqué son pocas las sentencias que se conocen.

Durante el 2022 la fiscalía obtuvo hasta 20 sentencias por diversos delitos en torno al servicio público.

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados porque se van a un amparo tras la vinculación, tras la medida, tras los autos de apertura de juicio oral, tenemos procesos que no quedan en nuestras manos”.

La fiscalía ha crecido en más del 200% en la recepción de denuncias comparadas con las 200 que recibía en 2019, a las más de 600 que acumuló en el 2022, lo que para la dependencia significa que la “confianza ha crecido”.

Durante el 2022, recordó, que se lograron seis sentencias en Tlalnepantla, otras cuatro que tuvieron que ver con procesos abreviados en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la sentencia contra un perito que sustrajo armas del cuarto de evidencias, otras contra seis policías de Tlaltizapán que violaron a una mujer.

Sobre las acusaciones de “pensiones doradas” interpuestas por el Congreso del estado en 2019, respondió que son procesos que se van alargando mediante amparos “hablamos de servidores públicos de cuello blanco que contratan abogados que van manejando el sistema recursivo, que por supuesto están en su derecho, pero que veo es una cuestión dilatoria, entre ellos alarguen más el proceso piensan que tendrán un mayor beneficio”.

Nuñez Uriza también trajo al recuerdo el caso del ex presidente municipal de Cuernavaca, Antonio “N” contra quien se dictó prisión preventiva, la prisión preventiva impuesta contra la ex secretaria de Obras Patricia Izquierdo, quien salió ese mismo 2022; además de otros casos como el subsecretario de Obras Sergio Beltrán, y el ex secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras.

Ya con el presupuesto 2023, prevén contratar más personal el cual deberá cumplir con las especificidades requeridas.


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Utilizar el sistema de amparos es una práctica común de los servidores o ex servidores públicos de “cuello blanco”, lo que llega a “dilatar” la aplicación de la justicia, acusó el vicefiscal Anticorrupción, Rodolfo Núñez Urquiza.

El vicefiscal sostuvo que este es un factor ponderante del porqué son pocas las sentencias que se conocen.

Durante el 2022 la fiscalía obtuvo hasta 20 sentencias por diversos delitos en torno al servicio público.

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados porque se van a un amparo tras la vinculación, tras la medida, tras los autos de apertura de juicio oral, tenemos procesos que no quedan en nuestras manos”.

La fiscalía ha crecido en más del 200% en la recepción de denuncias comparadas con las 200 que recibía en 2019, a las más de 600 que acumuló en el 2022, lo que para la dependencia significa que la “confianza ha crecido”.

Durante el 2022, recordó, que se lograron seis sentencias en Tlalnepantla, otras cuatro que tuvieron que ver con procesos abreviados en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la sentencia contra un perito que sustrajo armas del cuarto de evidencias, otras contra seis policías de Tlaltizapán que violaron a una mujer.

Sobre las acusaciones de “pensiones doradas” interpuestas por el Congreso del estado en 2019, respondió que son procesos que se van alargando mediante amparos “hablamos de servidores públicos de cuello blanco que contratan abogados que van manejando el sistema recursivo, que por supuesto están en su derecho, pero que veo es una cuestión dilatoria, entre ellos alarguen más el proceso piensan que tendrán un mayor beneficio”.

Nuñez Uriza también trajo al recuerdo el caso del ex presidente municipal de Cuernavaca, Antonio “N” contra quien se dictó prisión preventiva, la prisión preventiva impuesta contra la ex secretaria de Obras Patricia Izquierdo, quien salió ese mismo 2022; además de otros casos como el subsecretario de Obras Sergio Beltrán, y el ex secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras.

Ya con el presupuesto 2023, prevén contratar más personal el cual deberá cumplir con las especificidades requeridas.


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