Del análisis parcial hecho al presupuesto del año 2023 aprobado por el Congreso local el Poder Ejecutivo destacó 19 observaciones meramente financieras, con inconsistencias de fondo, entre las que sobresale el incremento al gasto del Poder Legislativo con 80 millones de pesos más con respecto al actual.
Las áreas en donde más “observa inconsistencias” la Jefatura de la Oficina del Gobernador, Secretaría General y la de Hacienda, así como la Consejería Jurídica es en la designación al gasto de la Fiscalía General del Estado ¡FGE), por carecer de un Programa Operativo Anual (POA) y objetivos de trabajo al corto, mediano y largo plazo.
De mantener un techo presupuestal de 830 millones de pesos a cerca de mil 100 millones de pesos, para el Ejecutivo estatal no hay una razón, porque además la oficina del ministerio público recibe recursos económicos extraordinarios del gobierno federal.
En el análisis previo, sobresale que del apoyo del Gobierno de la República hay opacidad en su manejo, así como en otros rubros como es el gasto corriente sobre gasolinas y otros insumos.
A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) consideraron que otorgar el 2.8 por ciento viola el acuerdo de aumentar los porcentajes anuales de 1.5 en su soberanía monetaria.
Un señalamiento más es el recorte del presupuesto hacia la Coordinación General de Comunicación Social, porque mantiene gastos de operatividad en cubrir las actividades del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y resguardar “la buena imagen” de su administración.
En este rubro, advierten que dejarán de pagar a empresas proveedoras de insumos, publicidad y otros rubros propios del área, así como disminuir el personal de la oficina.
El disminuir el gasto discrecional para el Ejecutivo del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, significa terminar con las ampliaciones presupuestales, además de otros gastos por inflación y de urgencia ante la presencia de fenómenos naturales, sobre todo los pluviales.
De hecho, niegan que sea un gasto a discreción porque la misma Ley de Coordinación Fiscal ordena someter a revisión el uso del recurso económico, mismo que aseguran está en la página de transparencia.
La principal objeción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo está en el aumento de 80 millones de pesos al presupuesto del Congreso local, del que asegura es un abuso y sigue sin aclarar el gasto público.
Bajo esas disposiciones para la administración de Blanco Bravo es posible vetar el presupuesto, así como generar acciones jurídicas ante el Poder Judicial de la Federación e incluso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El próximo jueves será cuando retornen el paquete fiscal 2023 al Congreso de la entidad, quien en un lapso de 10 días hábiles tendrá que otorgar una respuesta para publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
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