Luego de presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, la senadora Lucía Meza Guzmán afirmó que llegó la hora de hacer justicia social en favor de los trabajadores domésticos.
Esto, apuntó, habrá de garantizar que se otorguen los derechos laborales que se les ha negado a los trabajadores domésticos que no sólo sufren de explotación laboral, sino también la falta de reconocimiento a sus derechos fundamentales, lo que ha derivado a que soporten los efectos de la marginación y aislamiento.
Por ello, para avanzar también en este propósito, pidió que de manera urgente el Senado ratifique el convenio C-189 acordado por la Organización Internacional del Trabajo, con el que se regula el trabajo decente y dignificado para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Explicó que de acuerdo con este convenio que entró en vigor el 5 de septiembre de 2013 y ha sido ratificado por 25 países de América Latina, excepto por México, se lograría identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos.
La senadora por el estado de Morelos explicó que, en México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el 2017 se tenían registrados 2 millones 480 mil 466 personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4.8 por ciento del total de la ocupación nacional y que va en aumento.
Anotó que, de cada 100 personas ocupados en actividades domésticas, 90 son mujeres, mientras que el 99% de éstas, laboran sin un contrato escrito y por cada 10 mujeres dedicadas a esta actividad, el 40% labora más de 40 horas a la semana y, lamentablemente, son quienes más sufren de explotación laboral.
Desde la tribuna de la Cámara Alta, Meza Guzmán informó que el 76.5% de los trabajadores domésticos, que son la gran mayoría, apenas y obtienen ingresos menores a dos salarios mínimos diarios, lo que significa que no alcanzan a obtener ni los 170 pesos diarios.
Frente a esas graves circunstancias la parlamentaria llamó al resto de las y los senadores a respaldar su propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social a fin de darles certidumbre laboral y seguridad a las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Así, propuso modificar el artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de prohibir que la jornada laboral de estas trabajadoras domésticas exceda de las ocho horas diarias, y si sus patrones requieren ampliar los horarios laborales, estarían obligados, por ley, al pago de horas extraordinarias.
Igual, propuso reformar el artículo 336 para que quienes habiten en el hogar para el que trabajan, no estén obligados a permanecer en ese espacio o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales ni durante las vacaciones anuales.
También se obligaría a los patrones a otorgar servicios de salud para los trabajadores domésticos, para los hijos éstos, derechos que históricamente se les ha negado, por lo que pidió con urgencia garantizarlos.
