Sensibilizar y capacitar a servidores públicos del Poder Ejecutivo de Morelos, así como a partidos políticos para garantizar un entorno libre de discriminación y de violencia, tanto al interior de estos, como en el ejercicio de la función pública, fue el acuerdo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y la Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del estado de Morelos (COEVIM).
Durante la firma de convenio para realizar dichas acciones, la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá señaló que solamente se denuncian el 50 por ciento de los casos de violencia en contra de las mujeres en razón de género, por lo que llamó a las mujeres a presentar las denuncias correspondientes.
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Puntualizó que el convenio signado servirá como herramienta para garantizar que las víctimas tengan la información necesaria para tomar acciones en contra de la violencia.
Asimismo, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Ejecutiva Permanente de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del CEE del Impepac, Isabel Guadarrama Bustamante señaló que la violencia política contra las mujeres en razón de género es uno de los principales lastres que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Agregó que la violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes maneras y en distintos ámbitos y representa “una de las barreras, para que ellas ejerzan sus derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones respecto a los hombres”.
En su intervención, Alfredo Javier Arias Casas, consejero electoral y presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, afirmó: “El Impepac, ha sido pilar fundamental para que hoy en Morelos la paridad y el combate a la violencia política en razón de género sea una realidad, a pesar de la omisión que ya durante dos legislaturas en las que, lamentablemente, la participación de las mujeres ha sido más que significativa, no se haya legislado en la materia, ni se haya otorgado a este Instituto mayores herramientas de las que hoy disponemos”.
Aclaró que lo anterior no es impedimento para cumplir su obligación constitucional, y se generaron los mecanismos jurídicos que tienen a su alcance y fueron ratificados por las autoridades jurisdiccionales, incluyendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Destacó que el órgano electoral se mantendrá firme en el combate a la violencia de género, para lo cual se privilegiarán los canales y estrategias multisectoriales que sean necesarios y confió en que “pronto el combate a la violencia de género sea una política de estado”.
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