La presidenta de la asociación civil Amigos de los Perros Morelos (APM), Violeta Rivera Domínguez, dijo que la Fiscalía Regional Oriente inició la investigación de cuatro casos de maltrato animal ocurridos en Cuautla, aunque reconoció que las indagaciones han transcurrido de forma “lenta”.
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La defensora de animales confió en que estos casos deriven en sanciones que reflejen la aplicación de la ley, especialmente luego del incremento en la pena máxima por maltrato animal hasta a seis años de prisión.
En diciembre se hicieron algunos cambios a la Ley Estatal de Fauna, endureciéndola un poco, y hace dos semanas salieron publicados en el periódico oficial Tierra y Libertad, aumentando a seis años de cárcel por maltrato animal. Lo interesante es que ya no necesariamente tiene que morir el animal, sino que ya es delito golpearlos, tenerlos amarrados, sin agua.
Violeta Rivera Domínguez, presidenta de la APM
Sin embargo, la presidenta de la asociación reconoció que, tal como ocurre con el resto de denuncias, acudir a la Fiscalía Regional para levantar una denuncia por maltrato animal puede convertirse en un proceso muy engorroso:
“Es el mismo proceso engorroso de asistir a la fiscalía y estar ahí, esperando a que el ministerio público tome la declaración”, dijo la animalista.
Eso es lo que ha ocurrido con las cuatro carpetas de investigación iniciadas a la fecha en el municipio de Cuautla, las cuales, dijo, han tenido un tratamiento “lento”:
“Sabemos más o menos de cuatro, que han ido caminando lento. La licenciada Miriam Monje, quien trabaja en la fiscalía, está llevando las carpetas de los animales, y la verdad es que ella misma ha estado presionando para que avance más rápido este asunto de cualquier denuncia de maltrato animal”, dijo.
¿Qué dice la ley sobre el maltrato animal?
En Morelos, el maltrato animal se considera delito desde la promulgación de la Ley Estatal de Fauna, que tuvo lugar en 1997. A través del tiempo, la Ley ha sido reformada en varias ocasiones, hasta que, en 2021, se establecieron penas de prisión en el Código Penal del estado.
