Al igual que en el año 2022, Morelos no logró aprobar la evaluación realizada por la organización internacional World Justice Project WJP (Proyecto de Justicia Mundial, en español). De una puntuación de cero a 1, en donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, la entidad se colocó en el número 28 con apenas .36, al igual que el Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo.
En este 2023, estos puntajes son resultado de las experiencias de más de 12,800 personas en todo el país y las consideraciones de dos mil 89 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, además de los resultados de encuestas y bases de datos sobre estos temas (fuentes terciarias), informó WJP.
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Respecto de esta evaluación, diversos actores en Morelos compartieron con El Sol de Cuernavaca su percepción sobre cada uno de los rubros analizados por la WJP. El investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), Medardo Tapia Uribe; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDHM), Israel Hernández Cruz; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Morelos, Víctor Manuel Mendoza; y, el representante de la Organizaciòn Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, coincidieron en que aún hay varios aspectos en los cuales las instituciones deben trabajar para mejorar la atención a la sociedad.
Límites al poder
En este rubro Morelos pasó de .40 en 2022 a .43 en el 2023, y aunque la calificación no es aprobatoria, lo cierto es que refleja los contrapesos o diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El investigador Medardo Tapia indicó que “en apariencia hemos mejorado, pero hace falta que los órganos hagan su función de contrapeso, el legislativo, el judicial, que los órganos de control lo hagan, y que se sancionen los abusos del poder, aparentemente se está haciendo, lo cual no es cierto porque la corrupción se ha concentrado en el Poder Legislativo".
Opinó que si las instituciones encargadas de poner los “límites al poder gubernamental”, como el Legislativo, Judicial y los órganos de control interno hicieran su parte, la entidad hubiera obtenido una mejor calificación. Además de que tampoco se aplican sanciones contra quienes abusan del poder.
“La corrupción se ha concentrado en el Legislativo ahora que se va a nombrar a creo 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha habido acusaciones de corrupción, y entonces en lugar de convertise en uncontrapeso y seleccionar a magistrados que tengan una conducta intachable, no lo hace así”.
La organización Morelos Rinde Cuentas, consideró, respecto a este rubro, que el trabajo del Poder legislativo no ha sido bueno, y las expectativas que se tenían no se cumplieron, incluso "los diputados le queda a deber a la ciudadanía", sin embargo, aclaró que la ausencia de resultados no son responsabilidad únicamente de la legislatura vigente, sino también de las anteriores.
"Seguimos viendo congresos que están más preocupados por el dinero y el poder que por hacer las cosas correctamente".
Por el contrario, Israel Hernández, consideró que lo ideal es trabajar en conjunto y no verse como contrapesos entre Poderes u organismos.
“A nosotros lo que nos gustaría es que nuestros instrumentos, específicamente las quejas y las recomendaciones fueran vistas como herramientas en donde podemos nosotros, de alguna manera, contribuir a que las autoridades puedan ver en qué fallaron para corregir y evitar que en un futuro se cometan violaciones a los derechos humanos”.
Ausencia de corrupción
Morelos obtuvo en 2022 una puntuación de .30, mientras que en este año registró .33, en este rubro se consideran tres formas de corrupción:
- Sobornos
- Influencias indebidas
- Y la apropiación indebida de recursos públicos.
El centro de investigación Morelos Rinde Cuentas indicó que uno de los aspectos que no permite abatir la corrupción es la falta de transparencia en el actuar de las instituciones.
El área de salud del gobierno del estado, citó como ejemplo, es una de las instituciones que se niega para dar acceso a información argumentando que están en medio de una auditoría y que es información de carácter reservado.
Dijo que Morelos es uno de los pocos estados de la república que no cuentan con declaraciones patrimoniales por parte del poder ejecutivo, lo cual le parece muy grave porque da pie a que varias cosas no se documenten o exhiban para analizar.
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Otra de las instituciones opacas, aseveró, es el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos (Iebem), “con ellos también hay casi tres años con falta de información".
Reveló que en los municipios el problema de la corrupción también radica en la transparencia, ya que hay rubros a los que hacen oídos sordos.
En este rubro, el investigador del CRIM consideró que la calificación que da la WJP “sí corresponde con lo que ocurre en el estado y en el país desde hace varios años; en factores de ausencia de corrupción estábamos peor el año pasado, éramos el último lugar a nivel nacional, es decir, que éramos el estado más corrupto, y en 2023 tenemos el 26 de 32”.
Gobierno Abierto
La WJP considera en este ámbito si la ciudadanía puede conocer el accionar del gobierno y si puede incidir en sus decisiones; de acuerdo a los resultados de 2022 y 2023, no hay cambio, la gente sigue percibiendo a Morelos reprobado con una puntuación de .46.
Al respecto, Israel Hernández, consideró que en Morelos no hay un gobierno abierto o transparente para ofrecer información a la ciudadanía u organismos, pues la CDHM lo ha padecido en carne propia
“Es una práctica común de que las autoridades cuando son requeridas en alguna información tratan de evadir o de no remitir lo que saben que necesitamos y que tienen en conocimiento en razón de sus funciones y que de alguna manera nos obstaculizan, nos impiden poder integrar nuestros expedientes de queja, tenemos que recurrir muchas veces a la insistencia, a los apercibimientos e inclusive a las denuncias”.
Para Roberto Salinas, el actual Congreso no transparenta el uso de los recursos y hace complicada la divulgación y acceso a información, lo que serviría a la población para emitir un juicio.
Consideró que la institución que cuenta con más recursos y ha avanzado en materia de transparencia con la publicación de sentencias, es el Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, aún le falta mejorar en campos como la estadística, la transparencia y la eficacia.
"Deberían aprovechar las nuevas tecnologías para producir información estadística que abone y sirva como toma de muestra", agregó.
Asimismo, Medardo Tapia, destacó que la calificación mejoró, si se compara con el año 2022. Aunque el órgano encargado de garantizar la transparencia ha fallado (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE), pues resulta insuficiente pedir información a las instituciones obligadas y luego interponer las demandas, que no llegan a nada.
La falta de justicia hacia la ciudadanía llega a inhibir la participación ciudadana.
Derechos fundamentales
Este indicador tuvo una puntuación en el 2023 de .45, comparado con el 2022 tuvo un aumento de una décima, ya que en ese año el puntaje fue de .44. En este rubro, de acuerdo con el documento difundido por WJP, se mide si existe un trato igualitario, la ausencia de discriminación, el debido proceso para personas acusadas de algún ilícito, derecho a la libertad, religiosa, garantizar los derechos laborales, entre otros.
Al ser una de las encomiendas principales de la CDHM, el ombudsman morelense considero que es fundamental garantizar el derecho a la vida, lo que va ligado al derecho a la seguridad.
Es competencia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) brindar las garantías para el desarrollo pleno de las personas sin temor a ser presa de la inseguridad, pero hasta el momento, dijo, ha fallado en salvaguardar el derecho a la vida.
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Agregó que la ingobernabilidad es uno de los grandes factores para que la ciudadanía no se sienta segura.
El Gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco “le ha dado la espalda a la ciudadanía, que hoy por hoy no tiene sus derechos garantizados, empezando por el más importantes que es el de seguridad pública, sin el cual no se puede ejercer cualquier otro derecho”.
Agregó que en el actual gobierno no se tiene una cultura sobre el respeto a los derechos humanos, pues aunque se escuche en los discursos de los funcionarios es simple retórica, asegura.
Asimismo, al considerar en este rubro el respeto a los derechos laborales, el líder de Coparmex, reconoció que en lo que respecta al tema, aún se tiene resistencia por parte de algunos patrones para respetar a sus trabajadores.
“Hay empresarios que se niegan a hacerlo, aún hay empresarios que se niegan a reconocer que los empleados son seres humanos".
Orden y seguridad
Este es uno de los rubros en los que Morelos se encuentra muy por debajo incluso del promedio general, pues apenas alcanzó el .29 de 1. “La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado”, cita el documento de la organización WJP que realiza el estudio.
Ausencia de homicidios, ausencia del crimen y que las personas se sientan seguras, son los tres aspectos que se evaluaron y en los que la entidad resultó reprobada.
El investigador del CRIM indicó que en este rubro, no sorprenden los resultados que la entidad obtuvo, pues los registros que muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dan cuenta de ello.
“En homicidio doloso somos el segundo lugar a nivel nacional, sólo después de Colima que vive una situación de inseguridad muy alta; por cada cien mil habitantes tenemos 18.8, de acuerdo a lo que nos reporta el Consejo Ciudadano de Seguridad”.
En el índice de incidencia delictiva general ocupa el noveno lugar, mientras que en feminicidio es el primer lugar al tener el 0.81 en tasa de incidencia de enero a abril del 2023, dijo Tapia, además del tercer lugar en secuestro, cuarto en el delito de violación sexual, el onceavo en violencia familiar, lamentó.
Para la CDHM los más de 4 mil homicidios dolosos y múltiples crímenes que van cada año al alza son un fiel reflejo de la fallida estrategia de seguridad.
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Israel Hernández consideró que los delincuentes tienen la facultad de matar y no preocuparse de ser aprehendidos.
“Otro de los factores para que no exista el derecho a la seguridad podría ser la coalición de corporaciones policiacas u otras autoridades con integrantes del gobierno del estado… en el peor de los casos, y lo digo con toda la responsabilidad, pudiera tratarse de un fenómeno de complicidad de mandos de la policía del estado, de gobierno del estado que pudieran tener vínculos con la delincuencia y que esto esté siendo utilizado para generar las condiciones para que cualquier persona pueda delinquir”.
Al respecto, también habló Víctor Mendoza Moreno, quien coincidió en que uno de los derechos fundamentales que se violenta constantemente es el derecho a la seguridad: “Eso no se respeta porque todo mundo sabe que las instalaciones que nos tienen que dar seguridad no tienen en presupuesto que necesitan y eso deriva otro de los graves problemas en el estado”.
Cumplimiento regulatorio
Al igual que en el 2022, el estado tuvo una calificación este año de .35, es decir no acreditó que la normatividad y las regulaciones se cumplan de manera efectiva, que haya ausencia de corrupción en la aplicación de las normas gubernamentales y tampoco una resolución efectiva en los procedimientos administrativos, entre otros aspectos evaluados.
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Para el presidente de Coparmex Morelos, en materia regulatoria el estado de Morelos avanza y a pesar de que es un proceso lento, los procedimientos para cumplir con las normas ya se hacen con más agilidad y menos corrupción.
Sin embargo, advirtió que la corrupción no se ha erradicado, ya que se manifiesta cada vez que algún inspector va a dar “el visto bueno” al negocio y se deja corromper a fin de no sancionar; o por el contrario, en ocasiones se da el abuso de poder, usan su posición para que los empresarios acepten sus condiciones y no cierren sus negocios.
Justicia civil
Para este rubro, la WJP evaluó 8 subcategorías, en las que en promedio la entidad sumó apenas .32, retrocediendo dos décimas respecto del 2022, cuando la evaluación fue de .34.
Aspectos como la confianza de las personas en las instituciones del sistema de justicia civil, que puedan resolver problemas legales fácilmente, garantía de procesos de calidad y contar con un sistema de justicia civil expedito, fueron algunos de los ámbitos que se evaluaron y que no lograron acreditarse.
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Para Morelos Rinde cuentas, la falta de resultados en materia de justicia se debe al enfrentamiento entre las instituciones: "En Morelos no hay trabajo en ese sentido, está pendiente desde hace ya al menos hace 5 años, y lo podemos ver con el pleito que hay entre la Fiscalía, el Tribunal y la Comisión Estatal de Seguridad, en vez de estar coordinados están divididos y se enfrentan", concluyó.
El investigador del CRIM, indicó en este rubro que una deficiente impartición de justicia traerá consigo un aumento en los crímenes, pues no existirá una investigación eficaz, no se salvaguarda el derecho de las víctimas, no hay una investigación eficaz, una justicia imparcial, “por eso es que somos uno de los peores en el país”, agrega Tapia Uribe.
Justicia penal
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El último rubro que evaluó World Justice Proyect, es la justicia penal, que tuvo una calificación de .30, lo que significó una décima más que en el 2022. Para esta evaluación se tomaron en cuentas aspectos como la eficacia de la policía y el ministerio público para investigar los delitos, garantizar efectivamente los derechos de las víctimas, que los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, que el sistema de justicia penal sea imparcial, independiente y está libre de corrupción, entre otros.
El presidente de la CDHM consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGJEM) ha tenido una gran deuda pendiente todavía: “tenemos en la Comisión de Derechos Humanos un registro de quejas que tratan de omisiones en la integración de las carpetas de investigación”, aseveró.
Por otro lado, el líder empresarial Víctor Mendoza, dijo que el Poder Judicial “está funcionando mucho mejor, sin embargo, tienen un atraso en los juicios muy grande". Insistió en que la agilidad en la investigación debe mejorar para evitar que personas inocentes pasen años en prisión y que lamentablemente es un escenario que se vive en todos los estados de la república mexicana.
Con información de Katy Cárdenas, Valeria Díaz y Enrique Domínguez
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