Ha pasado casi un año desde el escándalo en torno a la asignación irregular de notarías públicas en Morelos que costó el cargo a quien fuera secretario de Gobierno, Pablo Ojeda. El saldo es una carpeta de investigación no judicializada aún por la Fiscalía Anticorrupción y el hecho de que el principal protagonista del escándalo, Kenji Uchida García, sea hoy el responsable del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Morelos.
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Uchida García es uno de los personajes centrales en la investigación; los otros son Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el hoy notario número 4 de Jiutepec, Alejandro Gómez Núñez, quien, de acuerdo con la indagatoria, habría adquirido la patente a cambio de 20 millones de peso.
Pese a ello, los empresarios en Morelos confían en el notariado local, aunque hay elementos que empiezan a preocuparlos.
Una denuncia anónima alertó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) sobre posibles actos de corrupción en la creación de la Notaria número cuatro.
El ocho de julio de 2022, un grupo de agentes investigadores de la FECC acudió la sede la Notaria número 1 en Jiutepec para realizar un cateo para asegurar una serie de documentos que podrían probar la utilización de documentación falsa en el nombramiento del entonces aspirante a notario Alejandro Gómez Núñez, hoy legalmente propietario de la Notaria número 4.
Supuestamente fueron 20 millones de pesos los que entregó el padre de Gómez Núñez para asegurar el nombramiento de su hijo.
Asimismo, se alertó de la premura con la cual fue emitida la convocatoria por parte del Ejecutivo Estatal para entregar la patente, en la que participaban dos personas, uno de ellos Alejandro Gómez Maldonado.
“Exprofesamente y de manera rápida se había vuelto a llevar a cabo la convocatoria; además estaba en proceso desde hace tiempo atrás la Notaría 4 de Jiutepec y había dos participantes, entre ellos un participante que guardaba una relación de familiaridad con uno de los notarios del municipio de Jiutepec (Alejandro Gómez Maldonado) que al parecer de acuerdo con la denuncia anónima se le había prometido entregar esa notaría por el pago de 20 millones de pesos”, indicó el vicefiscal Anticorrupción, Edgar Núñez, en entrevista.
En estos hechos salieron a relucir los nombres de tres exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y uno de sus familiares: su hermano Ulises Bravo, el exsecretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas y el exdirector jurídico de dicha dependencia, Kenji Uchida García.
Una vez que se consumó la creación de la notaría, que pasó por el proceso del examen para titular, el cual fue aprobado por Alejandro Gómez Núñez a quien el 25 de abril le fue entregada de manera formal la instancia de la cual es titular hasta la fecha; en septiembre del 2022 un audio filtrado a medios nacionales se escucha una conversación entre Ojeda Cárdenas y Uchida García.
En el audio Pablo Ojeda confirmaría que Alejandro padre le habría ofrecido 30 millones de pesos para sobornarlo pero no aceptó, mientras que Kenji señala que tiene órdenes directas del gobernador Cuauhtémoc Blanco para acelerar la creación de la notaría.
Al considerar que Kenji habría actuado a sus espaldas, Ojeda Cárdenas en ese momento le pide su renuncia; en marzo del año pasado, Kenji Uchida asumió la dirección del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC) y meses después, en mayo de 2022, Pablo Ojea presenta su renuncia.
“Nosotros (la FECC) ya teníamos una denuncia anónima relacionada con la entrega y creación indebida de la Notaría número 4 de Jiutepec en favorecimiento indebida de una persona que buscaba obtener los requisitos”, indicó Núñez Urquiza.
Asimismo, la FECC como parte de este trabajo acudió a realizar actos de investigación a la notaría dos Yautepec, así como la dirección jurídica para la cual giraron al menos tres oficios en su momento, y estuvo presente en la notaría número 5 en Yautepec, la cual está a cargo del hoy presidente del Colegio de Notarios, Jesús Toledo Saavedra.
Lo que se investigaba, de acuerdo con Núñez Urquiza era el tráfico de influencias para obtener la patente de una notaría con acciones presuntamente que podrían constituir actos de corrupción.
En su momento Ulises Bravo también fue sujeto de investigación por parte de la Fiscalía, sin embargo, la investigación continúa puesto que la carpeta aún no ha sido judicializada.
El sector empresarial es uno de los más apegados a las notarías ante la certeza jurídica que estas representan en esta labor.
Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Antonio Sánchez Purón, manifestó que, a pesar de todo lo que se vivió en este panorama ante las presuntas irregularidades, hoy en día consideró que las notarías se encuentran debidamente reguladas.
“Si efectivamente hace exactamente un año se dio por la cuestión de una patente de una de las notarías donde se presentó ahí una anomalía, nosotros creemos que las notarías que están en el estado de Morelos se encuentran bien reguladas”, expresó Sánchez Purón.
Señaló además que el Gobierno del Estado es quien debe poner énfasis para el correcto actuar en las notarías, pues va de por medio el patrimonio de la gente
Al respecto, el exsecretario de gobierno durante la administración de Graco Ramírez, Matías Quiroz Medina, externo que existen diferentes problemáticas en este sentido, como extender el tiempo en la presidencia del Colegio de Notarios, lo cual propicia que se generen diversas situaciones como el entregar notarías sin la adecuada regulación.
“El gran problema radica precisamente en que la ley del notariado en el estado no se ha cumplido cabalmente como lo exige, como lo marca la ley; hoy la presidencia de notarios se ha extendido más allá de sus tiempos y se ha prolongado en el actual sexenio, de ahí surge la problemática de que hoy tenemos una falta de conocimiento, de diagnóstico y la entrega de notarías de manera discrecional”, externó el exservidor público en entrevista con El Sol de Cuernavaca.
De por medio dijo, está la desconfianza por parte de la ciudadanía ante los manejos que se les está dando a tan importantes instancias en el estado de Morelos
“Si de por si el trabajo de los notarios para muchos miembros de la sociedad es un trabajo difícil de acceder, es una labor que muy poco conoce la población, pero cuando ahora se sospecha irregularidades en el proceso de asignación desde luego esto provoca la desconfianza de la ciudadanía”, externó.
En Morelos hay 13 notarias, dos de las cuales pertenecen a Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otra al fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, las cuales fueron entregadas durante el sexenio de Graco Ramírez.
La ley del notariado en el estado no se ha cumplido cabalmente como lo exige, como lo marca la ley; hoy la presidencia de notarios se ha extendido más allá de sus tiempos
Matías Quiroz Medina, exsecretario de Gobierno
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