Rumbo al momento en que inicie el 2022 y, con ello, el Concejo Municipal electo entre en funciones, el representante legal del municipio indígena de Hueyapan, Pablo Alonso Rodríguez, aseguró que la nueva administración heredará finanzas “sanas”, sin deudas con trabajadores y, probablemente, con un activo a favor de las arcas municipales.
Después de la elección realizada el pasado 31 de octubre, en que Hueyapan sentó un precedente a nivel nacional al haber electo como representante a una mujer, el Concejo Municipal en funciones se alista para presentar su último informe de gobierno el próximo 5 de diciembre, en el que se explicará a los ciudadanos la situación actual financiera del municipio, así como los logros realizados en el último año administrativo.
“Quedamos sin deudas. La administración actual no va a dejar una deuda para el municipio, para el concejo entrante”, dijo Alonso Rodríguez.
A partir del 1 de enero, el municipio indígena de Hueyapan será encabezado por la concejala electa Guillermina Maya Rendón. Al frente del nuevo cuerpo administrativo, serán los nuevos concejales quienes inicien la ocupación del nuevo palacio municipal, rehabilitado después de los daños que causó el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por su parte, Alonso Rodríguez dijo que el personal contratado durante su administración habrá de ser separado de sus funciones. En este aspecto, confió en que los recursos de los que dispone Hueyapan permitan realizar las liquidaciones correspondientes.
“Tenemos que pagar aguinaldos e indemnizaciones de los trabajadores, una mínima parte siquiera, para evitar tener laudos o una demanda en contra del municipio, o un trabajador que no haya quedado conforme”, dijo. Y, aun así, previó que no quede ningún pasivo.
Durante la actual administración, el municipio indígena de Hueyapan, ubicado sobre las faldas del volcán Popocatépetl, se enfrentó a varios conflictos sociales causados por pugnas internas entre varios grupos que reclamaban la gobernabilidad, hasta que, en marzo pasado, luego de un enfrentamiento en Cuernavaca, dos de estos grupos firmaron un pacto en el que también intervino el gobierno estatal. Desde entonces, la administración se ha valido del trabajo de 47 personas.
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