Mientras especialistas en Derecho plantearon que decretar acciones como delitos graves requiere de un análisis a fondo, los actores políticos celebraron el anuncio sobre la penalización de la corrupción, los delitos electorales y el “huachicoleo", lo cual será anunciado por el próximo presidente de México.
Para el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo, la determinación tiene un buen propósito, pero es necesario que haya un asesoramiento de gente que conozca de Derecho; explicó que, de entrada, “la corrupción no es un delito como tal, lo que sí hay son delitos derivados de la función pública como es cohecho, peculado, etc., mismos que, al igual que los huachicoleros o el fraude electoral, para que puedan ser considerados como delitos graves debería forzosamente reformarse el artículo 19 constitucional”.
Por eso, el manejar estos delitos como graves tendría implicaciones en la reforma de justicia penal, en cuestión de juicios adversariales, y refirió que se ha luchado durante muchos años para que la prisión preventiva sea la exclusión a la regla, es decir, que la gente no lleve a cabo su proceso privada de la libertad sino en libertad, bajo el principio de presunción de inocencia. Si estas conductas se manejan como graves, precisó, se “estaría en contra de esta reforma constitucional penal”.
Paredes Sotelo apuntó que es necesario tomar en cuenta que las leyes no se pueden hacer por ocurrencias y menos cuando las propuestas atacan principios constitucionales, como la presunción de inocencia, por la cual se luchó “a nivel constitucional”.
Por su parte, el director de Tamayo 03 Corporativo, Edgar Vargas Santiago, explicó que el paquete de iniciativas anunciadas por López Obrador significan que no otorgar el derecho a fianza a quienes incurran en los referidos delitos son un avance, por lo que conminó a poner atención en las leyes secundarias; “México no necesita más leyes, necesita adecuar las ya existentes, pero sobre todo incentivar la cultura de la legalidad y las buenas costumbres".
