La presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, Erika García Zaragoza, exhortó a los presidentes municipales a cumplir con las medidas necesarias establecidas el artículo quinto fracción quinta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que deben garantizar la seguridad social en materia de pensiones, por lo que, aseveró, es de suma importancia que los municipios presenten un estudio actuarial de sus trabajadores.
Mencionó es de suma relevancia que presenten un estudio actuarial de sus trabajadores al Poder Legislativo, así como si están cumpliendo con éste, incluyendo la población afiliada, la edad promedio de retiro, características de las prestaciones otorgadas, el monto de reserva, periodo de suficiencia y balance actuarial del valor presente, conociendo así el monto de las obligaciones futuras.
"Lo grave del fenómeno pensionario que se dará en corto y mediano plazo es en virtud que más del 60 por ciento de los trabajadores en activo tendrán derecho a una pensión vitalicia y los municipios requieren saber con anterioridad el compromiso futuro que se tiene con los trabajadores cuando se encuentren en la hipótesis de hacer valer su derecho", refirió.
Asimismo, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), pidió también a los Ayuntamientos emprender las políticas públicas necesarias para detonar el crecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas en Morelos, ya que a pesar de ser consideradas riqueza cultural e histórica de la sociedad morelense, se encuentran con altos niveles de marginalidad, al padecer durante años la precariedad en su nivel de vida.
Detalló que en la actualidad existe un conjunto de derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas, pero la brecha entre el reconocimiento y la garantía efectiva de sus derechos sigue siendo enorme.
Al respecto, recordó que en la entidad existen 164 comunidades reconocidas como indígenas, las cuales se encuentran distribuidas en 27 municipios, por lo que la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado, establece la obligación que tienen los municipios de incluir en sus planes de desarrollo a las comunidades indígenas, así como de promover las acciones que sean necesarias para combatir la desigualdad y discriminación en la que se encuentran.
60 por ciento de los trabajadores en activo tendrán derecho a una pensión vitalicia y los municipios requieren saber con anterioridad el compromiso futuro que se tiene con los trabajadores cuando se encuentren en la hipótesis de hacer valer su derecho.