El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara aseguró que interpusieron un elevado número de recursos de apelación por decisiones que tomaron las y los jueces del Poder Judicial, en torno a las personas que luego de ser detenidas como presuntos responsables de delitos quedan en libertad.
“Los que procuramos justicia y los que nos dedicamos a los temas de seguridad pública, pues siempre nos inclinamos porque no haya impunidad, sin embargo, los defensores y los imputados gozan de garantías y son los jueces que pues al final del día resuelven la situación jurídica”, externó el titular de la FGE.
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Carmona Gándara explicó que las audiencias de formulación de imputación o de primera instancia no son el cierre de los casos, en el caso de que presuntos delincuentes recuperen su libertad, debido a la falta de integración de elementos por parte de los Ministerios Públicos.
“Las audiencias de primera instancia no son la última palabra, para eso existen los recursos o los medios de impugnación, pues las autoridades siempre vamos empujando para el combate a la impunidad y efectivamente en nuestro sistema penal adversarial también hay quienes alcanzan su libertad, a veces de manera correcta”, agregó Carmona Gándara.
Sin precisar una cifra, el titular de la institución encargada de procurar justicia en Morelos manifestó que en un sin número de casos recurrió a la apelación por estar en contra de las decisiones que toman los juzgadores.
“No te sé decir así de memoria el número de impugnaciones, pero si se promueven muchísimas quejas, apelaciones y pues es un trabajo de 1 mil 600 trabajadores de la Fiscalía General del Estado”, aseguró Carmona Gándara.
Cabe señalar, que uno de los casos que cobró mayor relevancia es el tema de Luis Alberto “N”, quien fue señalado por la FGE como presunto implicado en el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Huitzilac y que días después de ser detenido fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Incluso, por este asunto, Carmona Gándara enfrenta un proceso penal en el que es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por ordenar que se le torturara al joven para presuntamente confesar dicho crimen.
