/ lunes 16 de abril de 2018

Seguridad, principal demanda de los mexicanos

“México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios”

En la sesión dedicada a “Seguridad pública y derechos humanos”, de los foros “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios”, Jorge Islas, ex abogado general de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho (FD) y moderador de la sesión, indicó que este tema constituye la principal preocupación, demanda y exigencia del pueblo mexicano.

En materia de seguridad, las plataformas de algunos candidatos a la Presidencia de la República insisten en la guerra contra el narcotráfico, cuando se trata de una lucha perdida, y evaden el tema de la regulación del uso de las drogas.

Por ello, cabría preguntar si en la próxima administración tendremos una política de seguridad humana o sólo de seguridad pública, una política criminológica que contemple el fenómeno de manera global o si tendremos una legislación nacional única, o seguiremos con una dispersión legislativa al respecto, plantearon académicos de la casa de estudios.

El primer deber de cualquier Estado es ofrecer seguridad y justicia a su población

No obstante, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que anualmente levanta el Inegi (2016 y 2017), la percepción de inseguridad se ubicó en 74.3 por ciento, como el problema número uno por resolver.

Y es que desde hace más de 12 años se han acumulado más de 211 mil 774 homicidios dolosos y 34 mil 268 personas no localizadas. Tenemos la tasa de homicidios más alta de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional emérito, destacó que no se puede negar que tenemos un panorama dramático en materia de inseguridad pública y de vulneración de los derechos humanos, y que las estrategias han fracasado. Se requiere entonces de un gran cambio: “Queremos seguridad pública, democracia y observancia pulcra de los derechos fundamentales”, precisó.

Guadalupe Fernández Ruiz, profesora de la FD, resaltó que todas las plataformas admiten la gravedad del problema. Para el combate a la delincuencia se plantean diferentes propuestas, pero todas señalan la militarización del ejercicio de la seguridad pública, con la participación del Ejército y la Marina, además de una policía sólida.

La universitaria subrayó que la creación de instituciones no garantiza soluciones; “se necesita que el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se contempla la Fiscalía General de la República, tenga una absoluta vigencia, de otra forma se trata de un sistema que ha nacido muerto, sin ninguna viabilidad y en total apego a la cultura de la simulación”.

Pedro José Peñaloza, también académico de la FD, aseguró que la mejor política de seguridad pública es de carácter social: la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la violencia. En cambio, sentenció, no sirven las detenciones de delincuentes, porque sólo “descabezan”, pero no desarticulan al crimen.

Mariana Benítez, de la coalición “Todos por México”, acusó que el descuido de las instituciones a nivel local, así como la falta de presupuesto y de profesionalización del personal, han generado que la seguridad enfrente una grave crisis de violencia. Su apuesta más importante es construir una política que ponga énfasis en el fortalecimiento de las fiscalías y las procuradurías locales. Además, para enfrentar el fenómeno de la corrupción e impunidad, proponen eliminar el fuero de todos los servidores públicos.

De la coalición “Juntos haremos historia”, Alfonso Durazo dijo que su proyecto de seguridad pública parte de una idea: la inseguridad no tiene su origen exclusivamente en los aparatos y políticas de seguridad, sino en la suma de las fallas del modelo político, económico y social. Para ser exitosos en su combate se requieren recursos adicionales a los policiales y militares: “la paz y la tranquilidad son producto de la justicia”.

Gerardo Bonilla, en representación de la candidata independiente Margarita Zavala, señaló que hoy la Policía Federal cuenta con unos cientos de elementos más que en 2012; si hubiera crecido al mismo ritmo que lo hizo entre 2006 y 2012, hoy no habría necesidad de que marinos y militares estuvieran en las calles haciendo labores de seguridad interior, por eso plantean duplicar su número en seis años, hasta alcanzar los 75 mil en 2024.

Por último, Alejando Chanona, de la coalición “Por México al frente”, consideró que si se siguen modelos instrumentados y que ya han fracasado, “no vamos a avanzar”. Tenemos que dar un paso adelante y dar un giro en la política pública para establecer una estrategia de reducción de daños y riesgos que permita llevar el tema del consumo de drogas al ámbito de la salud pública.

En la sesión dedicada a “Seguridad pública y derechos humanos”, de los foros “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios”, Jorge Islas, ex abogado general de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho (FD) y moderador de la sesión, indicó que este tema constituye la principal preocupación, demanda y exigencia del pueblo mexicano.

En materia de seguridad, las plataformas de algunos candidatos a la Presidencia de la República insisten en la guerra contra el narcotráfico, cuando se trata de una lucha perdida, y evaden el tema de la regulación del uso de las drogas.

Por ello, cabría preguntar si en la próxima administración tendremos una política de seguridad humana o sólo de seguridad pública, una política criminológica que contemple el fenómeno de manera global o si tendremos una legislación nacional única, o seguiremos con una dispersión legislativa al respecto, plantearon académicos de la casa de estudios.

El primer deber de cualquier Estado es ofrecer seguridad y justicia a su población

No obstante, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que anualmente levanta el Inegi (2016 y 2017), la percepción de inseguridad se ubicó en 74.3 por ciento, como el problema número uno por resolver.

Y es que desde hace más de 12 años se han acumulado más de 211 mil 774 homicidios dolosos y 34 mil 268 personas no localizadas. Tenemos la tasa de homicidios más alta de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional emérito, destacó que no se puede negar que tenemos un panorama dramático en materia de inseguridad pública y de vulneración de los derechos humanos, y que las estrategias han fracasado. Se requiere entonces de un gran cambio: “Queremos seguridad pública, democracia y observancia pulcra de los derechos fundamentales”, precisó.

Guadalupe Fernández Ruiz, profesora de la FD, resaltó que todas las plataformas admiten la gravedad del problema. Para el combate a la delincuencia se plantean diferentes propuestas, pero todas señalan la militarización del ejercicio de la seguridad pública, con la participación del Ejército y la Marina, además de una policía sólida.

La universitaria subrayó que la creación de instituciones no garantiza soluciones; “se necesita que el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se contempla la Fiscalía General de la República, tenga una absoluta vigencia, de otra forma se trata de un sistema que ha nacido muerto, sin ninguna viabilidad y en total apego a la cultura de la simulación”.

Pedro José Peñaloza, también académico de la FD, aseguró que la mejor política de seguridad pública es de carácter social: la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la violencia. En cambio, sentenció, no sirven las detenciones de delincuentes, porque sólo “descabezan”, pero no desarticulan al crimen.

Mariana Benítez, de la coalición “Todos por México”, acusó que el descuido de las instituciones a nivel local, así como la falta de presupuesto y de profesionalización del personal, han generado que la seguridad enfrente una grave crisis de violencia. Su apuesta más importante es construir una política que ponga énfasis en el fortalecimiento de las fiscalías y las procuradurías locales. Además, para enfrentar el fenómeno de la corrupción e impunidad, proponen eliminar el fuero de todos los servidores públicos.

De la coalición “Juntos haremos historia”, Alfonso Durazo dijo que su proyecto de seguridad pública parte de una idea: la inseguridad no tiene su origen exclusivamente en los aparatos y políticas de seguridad, sino en la suma de las fallas del modelo político, económico y social. Para ser exitosos en su combate se requieren recursos adicionales a los policiales y militares: “la paz y la tranquilidad son producto de la justicia”.

Gerardo Bonilla, en representación de la candidata independiente Margarita Zavala, señaló que hoy la Policía Federal cuenta con unos cientos de elementos más que en 2012; si hubiera crecido al mismo ritmo que lo hizo entre 2006 y 2012, hoy no habría necesidad de que marinos y militares estuvieran en las calles haciendo labores de seguridad interior, por eso plantean duplicar su número en seis años, hasta alcanzar los 75 mil en 2024.

Por último, Alejando Chanona, de la coalición “Por México al frente”, consideró que si se siguen modelos instrumentados y que ya han fracasado, “no vamos a avanzar”. Tenemos que dar un paso adelante y dar un giro en la política pública para establecer una estrategia de reducción de daños y riesgos que permita llevar el tema del consumo de drogas al ámbito de la salud pública.

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