A partir del 1 de septiembre, la LV Legislatura deberá enfrentar grandes retos, por ejemplo: terminar con el rezago legislativo para dar cauce a un gran número de iniciativas y dictámenes pendientes a falta de acuerdos y voluntad política de sus predecesores.
Al respecto, investigadoras, abogados y presidentes de diversas fundaciones civiles coincidieron sobre la importancia de considerar a las y los morelenses en la creación de leyes, a la hora de aprobar el presupuesto y en la toma de decisiones, a fin de priorizar rubros como la violencia contra las mujeres, el medioambiente, la familia, seguridad, y el análisis y actualización de las leyes ya existentes.
María Trinidad Gutiérrez Ramírez, del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista A.C., puntualizó que uno de los asuntos fundamentales a trabajar es la armonización en materia de violencia política contra las mujeres, debido a que el decreto 690 “se echó para atrás” por un tema de inconstitucionalidad; además de concluir con la armonización legislativa en materia de igualdad en todo.
Confirmó que desde hace años algunas iniciativas están en la “congeladora legislativa”, como la Ley de Identidad de Género, que busca la rectificación del acta de nacimiento a fin de que corresponda con la identidad de género de la persona.
Reconoció que “desde hace varios años en Morelos se tiene el asunto de que la violencia familiar se persiga de oficio, pero sin presupuesto ni protocolos o normatividad específica las instituciones dicen 'que sí lo tienen asignado', pero no saben cómo hacerlo o con qué presupuesto, es un pendiente histórico que tendrían que atender quienes ahora entren”.
Las y los legisladores electos y reelectas, aseveró, están conscientes de que la ciudadanía reclama mayor participación, por lo que es necesario escuchar su visión, experiencia y sumarla al quehacer legislativo.
Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, manifestó que se debe establecer una oportuna participación ciudadana vía la adecuación a la reforma constitucional de revocación de mandato que ya existe en la Constitución federal, pero que en la entidad sigue pendiente.
Señaló que a la aún legislatura le dieron un plazo de 18 meses para analizar la reforma y constituirla; este lapso de tiempo concluye en agosto, por lo cual quedaría en manos de las y los próximos diputados darle prioridad, celeridad e implementarla.
Aseveró que deben priorizar el respeto a los derechos de grupos vulnerables, como la diversidad sexual, pues está pendiente la aprobación de la Ley de Identidad de Género, y efectuar ajustes a la Leyes Orgánicas del Poder Judicial para que existan juicios en línea y darle más participación a la ciudadanía.
“No se trata de la existencia de nuevas leyes, sino que las actuales se armonicen al nuevo tiempo que vivimos, principalmente en cuestión de la pandemia, ya que muchos órganos administrativos no tienen sus procedimientos en línea y se deben llevar a cabo estas circunstancias”.
Indicó que para garantizar la buena marcha del estado por la vía legislativa se deben generar acuerdos parlamentarios conducentes, privilegiar la capacidad de los funcionarios públicos a la amistad en los órganos de control del Congreso de Morelos y tomar como principal punto el apoyo social a los ciudadanos en el presupuesto estatal.
“El estado tiene mucho gasto superfluo y se debe privilegiar el gasto social, esto es el apoyo a las comunidades y, sobre todo, en obra pública, educación y salud”.
Brenda Valderrama Blanco, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, consideró que la planeación urbana, pero dirigida a la protección de las áreas naturales protegidas en el estado, es fundamental a retomar en la agenda legislativa, ya que algunos esfuerzos registrados en pasadas administraciones, en zonas como el Texcal y el corredor biológico Chichinautzin, se están revirtiendo por falta de una legislación clara.
Lo anterior, dijo, es importante porque a la larga se generarán problemas en el abasto del agua y ambientales, como la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire por asentamientos irregulares y la construcción de nuevos fraccionamientos que dañan estos centros de captación de agua.
Afirmó que las y los siguientes congresistas deben revisar con expertos para evitar caer en superficialidades, como ocurrió con la actual legislatura, que dejó de lado la revisión de los criterios para las emisiones ambientales, la contaminación del agua y la recuperación de espacios públicos para su conservación.
“Salen iniciativas muy simples, muy inmediatas como la de las bolsas de basura que no es una solución a nuestro problema ambiental”, acotó.
En el presupuesto estatal, a su consideración, se debe incluir la ejecución concreta de obra pública y servicios municipales. “Hay una opacidad absoluta sobre a dónde se está dirigiendo el presupuesto estatal, no podemos saber dónde está, pero sí puedo decir dónde no está: en reactivar la economía, en haber comprado pruebas para los enfermos de Covid, en haber mejorado los hospitales, en dar atención hospitalaria, en eso se debió haber gastado”.
Juan Carlos Aguiñaga, vocero del Observatorio Católico Político, declaró que la seguridad es un tema esencial a trabajar, creando estrategias para que la ley se cumpla, y penas más severas que logren disminuir los índices delictivos, además de promover campañas de valores, acercamiento familiar y contra el consumo de drogas.
La reactivación de la Ley de Participación Ciudadana, opinó, es primordial para que las y los morelenses puedan participar activamente en la toma de decisiones, como es la revocación de mandato y el fuero.
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