El Congreso del Estado determinó retener el salario de por lo menos 40 trabajadores con vínculos familiares o de amistad con los diputados de la anterior legislatura, recientemente incorporados o recategorizados a la nómina de sindicalizados, al presumir que los procedimientos para incluirlos con salarios de entre 13 mil y 31 mil pesos fueron ilegales: la retención se hará sobre los incrementos injustificados, afirmó la diputada Ariadna Barrera Vázquez, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.
De acuerdo con la diputada, la Comisión del Trabajo y Previsión Social realiza una revisión de entre 40 y 60 días del comportamiento de la nómina del Congreso, tanto en el rubro de pensiones como en los trabajadores sindicalizados; “ahorita hay una suspensión de pago de aquellos sindicalizados que se están observando su adhesión al sindicato y nosotros estaremos actuando objetivamente, revisando sus expedientes y viendo si merecen estar inscritos y ser sindicalizados”.
Explicó que después de la auditoría de personal, se tendrán que generar las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar a quienes hayan ocupado los encargos y que se haga justicia. Entre otras irregularidades, destacó “meter a la nómina a personas o familiares con estos sueldos, que no se están rigiendo sobre el tabulador”.
Reveló que los trabajadores se supone se presentan a trabajar en el Congreso, pero ninguna de las oficinas de los diputados los ha recibido, por lo que se encuentran prácticamente suspendidos de sus labores, igual que se sus pagos.
Por otra parte, fuentes del Congreso explicaron que incluso en el sindicato, los nuevos incorporados, algunos de ellos familiares de los anteriores diputados o personas que colaboraron muy cerca de ellos, son rechazados por los trabajadores, pues conocen su historial de ingreso como auxiliares administrativos con un pago de poco menos de cinco mil pesos mensuales, hasta las plazas que hoy ocupan, no categorizadas, con salarios de hasta 27 mil 857 pesos al mes. Del mismo modo, se explicó, la inconformidad va también en contra de los dirigentes sindicales que, sin justificación alguna, recibieron coincidentemente a la incorporación de los 40 trabajadores recomendados por la anterior legislatura, incrementos salariales hasta del cien por ciento.
